Morena y aliados aprueban “Plan B” de AMLO y tocan al INE
Tras el rechazo de la reforma constitucional en materia electoral por parte de la oposición, el plan “b” enviado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobado por la madrugada por los diputados de Morena, el PT y el PVEM.
Los diputados de la 4T aprobaron dos paquetes de reformas, un dictamen a la Ley General de Comunicación Social y otro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con una votación de 267 votos a favor y 221 votos en contra.
Además, también se aprobaron reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, con una votación de 267 votos a favor y 219 en contra.
Entre los cambios más importantes están la desaparición de algunas direcciones del INE, la supresión de su estratégica Junta Ejecutiva, la reducción de los salarios de los consejeros para que ya no ganen más que el Presidente, la eliminación de dos fideicomisos del órgano electoral que tienen un saldo superior a los mil 030 millones de pesos, además de la prohibición de nuevos fondos y fideicomisos, contratar seguros de gastos médicos mayores, edecanes y dar temporalidad a órganos electorales en las juntas distritales para que funcionen sólo 260 en lugar de 300.
Con las modificaciones a las leyes propuestas por el Presidente López Obrador, se creará el Sistema Nacional Electoral (SNE) integrando estructura del INE y estructura de OPLs, se obligará a los diputados a separarse del cargo para buscar la reelección y se eliminarán dos Salas Regionales que no entraron en funciones, y la Sala Regional Especializada del TEPJF.
Cabe destacar que con la supresión de la Junta Ejecutiva del INE, se despediría a Edmundo Jacobo Molina, quien lleva en ese cargo 14 años y es una de las personas más cercanas al consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.
Estos cambios generarían un ahorro por un poco más de 5 mil millones de pesos, según los cálculos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
“La conformación de una élite burocrática es uno de los grandes lastres de nuestro sistema electoral. El personal del INE se integra por un total de 17 mil 569 personas trabajadoras. En el portal del propio INE se reporta que al menos 123 de sus funcionarios ganan salarios más altos que el del Presidente de la República”, según el dictamen enviado por el mandatario.
Asimismo, la modificación de las leyes cambia el inicio de la jornada electoral de septiembre a noviembre del año previo a una elección constitucional, con el fin de ahorrar en la insaculación de ciudadanos.
Además, ya no podrán anularse las candidaturas en fast track y se establece la obligación de los partidos para garantizar candidaturas a cargos de elección a jóvenes, indígenas, afromexicanos, integrantes de la diversidad sexual, migrantes y personas con discapacidad.
Y no sólo eso, se hará más fácil el voto de los mexicanos residentes en el extranjero por internet, pues ya no sólo votarán con su credencial de elector, también lo podrán hacer con su pasaporte o su matricula consular.
De igual manera, se plantea garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva y el de las personas con “discapacidad en estado de postración”, pues se obligará al organismo electoral a llevar hasta su domicilio una urna con el fin de que puedan votar.
Tras su aprobación, el proyecto de decreto fue enviado al Senado.
El ajuste administrativo deberá estar listo en 2023 y los demás cambios de procedimiento electoral se aplicarán para las elecciones presidenciales del 2024, por lo cual no aplicaría para las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila.