Morena permite giras sin propaganda electoral
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que los aspirantes de Morena a encabezar la coordinación nacional de los comités de defensa de la 4T podrán seguir llevando a cabo giras y eventos públicos, aunque con ciertas restricciones. La decisión fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF, respaldando así el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que permitió el desarrollo del proceso interno de Morena y sus aliados.
Sin embargo, la determinación no fue bien recibida por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y legisladores de oposición, quienes impugnaron la decisión argumentando que las restricciones establecidas por el INE eran insuficientes. Su petición original buscaba detener las actividades de los aspirantes, ya que consideraban que estaban llevando a cabo “actos proselitistas” relacionados con el proceso electoral para renovar la Presidencia en 2023-2024.
El tema adquirió una gran relevancia en la Sala Superior del TEPJF, llevando a los magistrados una semana de intensa discusión. Aunque por ahora se ha definido el criterio de permitir la continuación del proceso interno de Morena, el análisis de fondo aún está pendiente. Será responsabilidad de la Sala Especializada del TEPJF determinar si los aspirantes han incurrido en actos anticipados de precampaña y campaña, y en caso afirmativo, imponer las sanciones correspondientes.
Es previsible que esta determinación sea impugnada y que el expediente regrese a la Sala Superior del TEPJF, pero esta vez para un análisis más exhaustivo. La resolución que se dio a conocer ayer fue el resultado de una votación de cuatro magistrados a favor y tres en contra, llevada a cabo en una sesión privada.
Los magistrados Mónica Soto, José Luis Vargas, Felipe Fuentes Barrera e Indalfer Infante respaldaron la resolución, argumentando que la elección del coordinador de la defensa de la 4T es un asunto interno del partido y, por lo tanto, no debería ser regulado de la misma manera que los actos proselitistas en el marco de las elecciones generales.