Morena logra histórica aprobación de Ley de Ciencia e Innovación en México

La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que reconoce el derecho constitucional de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico y la innovación tecnológica. Con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones, la ley pasa ahora al Senado, después de que concluya la discusión en lo particular.

La iniciativa, que tuvo en comisiones 191 modificaciones que incidieron en 57 artículos y cuatro transitorios, establece la obligación del Consejo Nacional de implementar un Sistema nacional de Posgrados y garantiza la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas inscritos en programas de maestría y doctorado, orientados a la investigación en todas las áreas de las ciencias y las humanidades.

La Ley también dirige los esfuerzos del sector hacia el fortalecimiento de la soberanía nacional, a partir de la consolidación de la independencia científica y tecnológica, mediante la construcción democrática de una Agenda Nacional, que establezca líneas de acción en torno a los asuntos prioritarios o estratégicos para el desarrollo del país y los temas de interés público nacional o de atención indispensable en la materia.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, antes Conacyt, tendrá la responsabilidad de la operación de programas nacionales estratégicos, orientados a diagnosticar y proponer a las autoridades, acciones para la atención y solución de problemáticas nacionales concretas, sobre la base de agendas temáticas en materia de salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos y procesos contaminantes, seguridad humana, sistemas socio-ecológicos, energía y cambio climático, incluida la transición energética, entre otras.

La legislación contempla un sistema nacional de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación plural e incluyente, que implica a las autoridades federales, estatales, municipales y a las demarcaciones de la Ciudad de México, así como a los actores de los sectores social y privado, además de los becarios e investigadores en general. Además, prevé que los recursos públicos que destine el gobierno federal, a través de programas presupuestarios, sean canalizados, preferentemente, de manera directa a los becarios, humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores, y que dependencias y entidades se abstengan de crear fideicomisos.

A pesar de la aprobación, la oposición rechazó la iniciativa, señalando que se eliminó el objetivo del uno por ciento del Producto Interno Bruto en el rubro, y advirtió que se impidió la innovación científica y la investigación en la ciencia, la tecnología y la innovación, además de que se provocó un daño irreparable a la infraestructura científica de México. Hubo seis peticiones de distintos grupos parlamentarios para frenar la discusión del dictamen y devolverlo a comisiones, acusando a Morena y sus aliados de imponer su mayoría para aprobar esta ley sin respetar el proceso parlamentario