Morena impulsa reforma para blindar cambios constitucionales contra amparos
En una maniobra inesperada, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, presentó ante el pleno del Senado una reforma constitucional que busca prohibir los amparos y otros recursos jurídicos que intenten detener o revertir las modificaciones a la Constitución. La iniciativa ha causado controversia en medio de la creciente confrontación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios de Morena en ambas cámaras, incluye una disposición retroactiva, lo que implicaría que todos los juicios y recursos presentados hasta la fecha en contra de alguna modificación constitucional quedarían sin efecto una vez que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta medida afectaría, entre otros, los recursos judiciales que actualmente impugnan la reforma judicial, así como los apremios emitidos por una jueza contra la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
El plan de Morena es aprobar la reforma de manera rápida. Según Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, el objetivo es discutirla en comisiones este miércoles y someterla a votación en el pleno el jueves. Esta celeridad ha provocado el rechazo inmediato de los partidos de oposición, incluyendo el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), que acusan a la bancada oficialista de intentar instaurar un “régimen autoritario”.
Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, calificó la propuesta como una “locura” y un “atropello a la ley”, argumentando que ninguna modificación legal puede tener efectos retroactivos, especialmente en cuestiones de derechos humanos. Por su parte, la coordinadora de los senadores del PAN, Guadalupe Murguía, advirtió que la iniciativa busca establecer un marco legal que evite la intervención del Poder Judicial en la revisión de reformas constitucionales, algo que considera un grave riesgo para el equilibrio de poderes.
En su defensa, López Hernández argumentó que las reformas a la Constitución son la máxima expresión de la voluntad soberana del pueblo y, como tales, no deberían ser impugnadas por el Poder Judicial. Citó el artículo 135 de la Constitución, que establece que el Poder Judicial tiene la facultad de interpretar y aplicar la Carta Magna, pero no de impedir su modificación. Asimismo, explicó que el objetivo de la iniciativa es evitar que las reformas constitucionales sean inaplicables por controles judiciales.
La propuesta también plantea cambios en varios artículos de la Constitución. Al artículo primero, que establece la interpretación de los derechos humanos conforme a la Constitución y tratados internacionales, se le añadiría la aclaración de que en ningún caso las reformas constitucionales pueden ser inaplicables por medio del control de convencionalidad. Además, se introducen modificaciones al artículo 103 para impedir cualquier juicio o procedimiento que busque impugnar las reformas constitucionales, y al artículo 105, donde se especifica que no procederán controversias de inconstitucionalidad contra resoluciones de autoridades electorales.
La iniciativa ha generado una intensa polémica, dado que la posibilidad de amparos y recursos judiciales ha sido fundamental en el control del poder legislativo, y su limitación podría debilitar los contrapesos democráticos en México. Con la intención de aprobar esta reforma a gran velocidad, las comisiones del Senado se reunirán hoy para dictaminar la propuesta.
El desenlace de esta reforma será crucial para el futuro de la relación entre los poderes en México y podría redefinir la capacidad del Poder Judicial para intervenir en cambios constitucionales promovidos por el Legislativo y el Ejecutivo.