Ministros de la Corte rechazan remoción masiva de jueces y reiteran defensa de la independencia judicial
Ciudad de México.— En una firme defensa de los principios constitucionales y del Estado de Derecho, cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que concluirán su encargo en agosto aprovecharon la sesión del Pleno de este martes para reiterar que es inconstitucional y contrario a los tratados internacionales suscritos por México imponer una remoción masiva de jueces federales y locales, como parte de las propuestas para que estos cargos se sometan a elección popular.
Durante el análisis de la acción de inconstitucionalidad 13/2025, promovida por Movimiento Ciudadano (MC) contra la reforma judicial en el estado de Veracruz, los ministros Norma Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá reafirmaron sus posturas expresadas en noviembre pasado en torno a la acción 164/2024, que estuvo a un voto de invalidar una iniciativa similar.
La ministra presidenta Norma Piña, así como los ministros Laynez y Pardo, señalaron que una remoción de juzgadores sólo puede proceder cuando se acredite una falta grave, delito o incapacidad para ejercer el cargo, y que generalizar esta remoción es incompatible con la independencia judicial consagrada en la Constitución y los tratados internacionales. El ministro Laynez enfatizó: “una remoción o destitución de personas juzgadoras, solamente es posible cuando se demuestra que incurrieron en faltas disciplinarias, participaron o cometieron delitos, o existe alguna imposibilidad de ejercer el cargo en condiciones adecuadas”.
Por su parte, el ministro Juan Luis González expresó que estas reformas son “inconvencionales” y contrarias a la voluntad del pueblo mexicano de constituirse como una república democrática. A su vez, el ministro Pardo recordó que, aunque el tema central de la acción no era la constitucionalidad de la remoción de jueces, la Corte sí tiene la facultad de revisar temas de fondo cuando se vinculan con los derechos fundamentales.
En su intervención, Pardo Rebolledo subrayó que si bien la reforma de Veracruz podría ser formalmente compatible con la legislación federal, “resulta abiertamente inconvencional con base en los tratados internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La SCJN analizó por primera vez una impugnación contra una reforma judicial local, desestimando finalmente los argumentos para invalidarla, entre ellos presuntos vicios en el procedimiento legislativo, omisión de consulta a pueblos indígenas, y el condicionamiento del haber de retiro o retiro forzoso por edad.
Este debate se da en un contexto de amplia discusión nacional sobre el futuro del Poder Judicial y sobre propuestas de reforma que buscan modificar su integración y mecanismos de designación. Frente a ello, los ministros salientes han lanzado un mensaje claro: la independencia judicial es una piedra angular de la democracia, y no puede ser vulnerada por medidas generalizadas que comprometan la imparcialidad y el profesionalismo de quienes imparten justicia.
El Gobierno de México ha reiterado su respeto a las instituciones y su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho. En este sentido, el diálogo respetuoso entre poderes es fundamental para que cualquier reforma garantice justicia, autonomía y legalidad, en beneficio de todas y todos los mexicanos.