México se prepara con dignidad: Gobierno y sociedad civil frente a posibles deportaciones masivas
Ciudad de México. – Ante la política migratoria cada vez más agresiva impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump y la amenaza de deportaciones masivas de ciudadanos mexicanos, diversas organizaciones migrantes alertaron que México aún no cuenta con la infraestructura ni los programas suficientes para reintegrar dignamente a quienes regresen forzadamente al país. Sin embargo, desde el Gobierno de México ya se están tomando medidas para responder con sensibilidad y justicia a esta posible emergencia humanitaria.
Durante un foro celebrado en la Cámara de Diputados, Francisco Javier Moreno Castillo, dirigente del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), fue enfático al señalar que existe una deuda histórica y moral con las personas migrantes. Alertó que si se concretan las deportaciones masivas, millones de connacionales podrían regresar a México sin encontrar opciones reales de empleo, inclusión o desarrollo social.
“Esperamos que cuando menos encuentren dónde venir a trabajar. De repente van a llegar aquí, pero ¿a qué van a llegar? ¿A estar en su pueblo, a emborracharse? Y no van a ser miles, van a ser millones de mexicanos que van a llegar y el gobierno no va a saber ni qué hacer con ellos”, expresó Moreno Castillo, en un llamado a consolidar políticas de retorno que aseguren un verdadero proceso de reintegración.
Raúl Murillo, presidente de Hermandad Servicios Comunitarios, recordó cómo en 2006 el movimiento migrante logró frenar la criminalización propuesta por la ley HR4437 en Estados Unidos. No obstante, advirtió que ese triunfo vino acompañado de un crecimiento del sentimiento xenófobo, que hoy vuelve a intensificarse bajo el discurso conservador y excluyente de Trump.
En respuesta a este contexto, el Gobierno de México ha asumido una postura firme y humana. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que, por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se garantizará el acceso a la educación a todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su situación migratoria. “Un trámite no puede ser el impedimento para ejercer un derecho constitucional”, subrayó Delgado, quien reiteró que la instrucción es clara: primero se recibe al menor en la escuela, y después se completa el proceso administrativo.
Esta medida reafirma el compromiso del gobierno con los derechos humanos y la inclusión, y envía un mensaje de apoyo a las familias migrantes que, pese a haber vivido años en el extranjero, siguen teniendo a México como su hogar.
Por su parte, Víctor Alejandro Espinoza, presidente del Colegio de la Frontera Norte, destacó la importancia estratégica y económica de los migrantes de retorno: “Son mexicanos que mandan casi 65 mil millones de dólares de remesas, realizan 14 millones de transacciones al año y sostienen cinco millones de hogares”. Para Espinoza, el Estado mexicano debe reconocer su papel y brindarles el apoyo que merecen.
Con este enfoque integral, México no sólo se prepara para enfrentar una posible crisis migratoria, sino que lo hace con la convicción de construir una nación más incluyente, justa y solidaria. El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, demuestra que ante la adversidad, el país responde con dignidad, justicia y compromiso social.