México prioriza el turismo y aplaza impuesto a cruceros hasta julio de 2025
En un esfuerzo por fortalecer la competitividad turística y escuchar las preocupaciones de la industria internacional, el Gobierno de México decidió posponer por seis meses el cobro del Derecho de No Residentes (DNR) a los turistas que arriban al país en cruceros. Este impuesto, que inicialmente entraría en vigor el 1 de enero de 2025, será implementado hasta el 1 de julio del mismo año, según informó la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés).
La FCCA, representante de la industria de cruceros en el Caribe y Florida, reconoció esta decisión tras una reunión con funcionarios del gobierno federal mexicano. El aplazamiento permitirá dar un respiro temporal a las preocupaciones expresadas por el sector turístico, principalmente aquellas relacionadas con el impacto económico en las comunidades costeras y en el flujo de visitantes extranjeros.
Este impuesto de 42 dólares por pasajero (aproximadamente 860 pesos mexicanos) se sumaría a los 20 dólares (408 pesos) que ya se cobran actualmente por tasas e impuestos portuarios. El incremento representa un alza del 213% en los costos medios de los destinos caribeños, lo cual, según la FCCA, podría afectar la competitividad de los puertos mexicanos a nivel mundial.
El anuncio de la implementación del DNR generó un intenso debate en las últimas semanas dentro del sector turístico, ya que por más de una década los turistas que llegaban a México por cruceros habían estado exentos de este tipo de impuesto. La FCCA advierte que aplicar esta medida sin un análisis detallado podría tener un efecto “devastador” en el turismo, la economía nacional y las comunidades locales que dependen del arribo constante de cruceristas.
Según proyecciones de la FCCA, una reducción de apenas el 15% en la llegada de cruceros a puertos mexicanos podría contrarrestar los beneficios fiscales esperados. Con más de 10 millones de pasajeros previstos para 2025, cualquier descenso en la actividad de cruceros podría significar pérdidas millonarias para negocios locales, servicios turísticos y proveedores. Este impacto podría ser mayor que los ingresos adicionales que se planean obtener con el impuesto.
Michele Paige, directora general de la FCCA, agradeció al gobierno mexicano por su disposición a dialogar y reconsiderar el plazo de aplicación del impuesto. “El retraso en la implementación es un paso positivo, aunque el impuesto en tránsito se aprobó sin una consulta previa con la industria”, señaló Paige. Además, destacó la ironía de que, mientras la industria buscaba fortalecer su presencia en México, esta medida podría terminar disuadiendo a los cruceristas.
La FCCA expresó su interés en continuar un diálogo abierto con las autoridades mexicanas para encontrar una solución equilibrada. La asociación busca una medida que proteja los intereses de las comunidades locales, mantenga una industria turística vibrante y garantice la asequibilidad de los viajes en crucero para los turistas, principalmente de origen estadounidense, quienes representan una gran parte del mercado.
El gobierno mexicano, al posponer esta medida, demuestra una vez más su compromiso con el desarrollo del turismo y el bienestar de las comunidades costeras. Esta decisión permite ajustar políticas de recaudación sin afectar de manera abrupta a una industria crucial para la economía nacional. Se espera que en los próximos meses ambas partes puedan llegar a acuerdos que fortalezcan el turismo sin comprometer los ingresos fiscales necesarios para el desarrollo del país.
Con esta medida, México reafirma su posición como un destino turístico accesible, competitivo y en sintonía con las necesidades de los visitantes y de los sectores económicos que dependen del turismo de cruceros.