México frente al desafío del abuso sexual infantil: cifras alarmantes y acciones urgentes
El abuso sexual infantil en México es una problemática alarmante que exige atención inmediata. En tan solo cuatro años, su prevalencia se duplicó, pasando del 2.2% en 2018 al 4.5% en 2022, según un análisis de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) realizado por la investigadora Leonor Rivera y su equipo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Este fenómeno, que afecta profundamente la integridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, destaca con mayor gravedad en estados como Nayarit (10%), Morelos (9.4%) y Nuevo León (9%).
Una realidad que no puede ser ignorada
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha identificado a México como el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil a nivel mundial desde 2019. Rivera calificó como “impresionante” el crecimiento del fenómeno y alertó sobre sus devastadoras consecuencias, que incluyen depresión, conducta suicida y consumo de sustancias en las víctimas.
Un aspecto crítico es que más del 90% de los casos son perpetrados por familiares cercanos como padres, tíos o padrastros. Sin embargo, la falta de denuncias efectivas y el incumplimiento de las leyes que protegen a los menores agravan la situación. Luis Peña, representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), señaló que en el 70% de los casos judiciales que involucran a menores, los jueces no notifican al DIF, dejando a los niños en total desprotección.
Conflictos familiares y protección insuficiente
El abuso sexual infantil también emerge en medio de disputas por custodia durante divorcios conflictivos, donde las denuncias pueden utilizarse como estrategia. Peña destacó que en el 80% de los casos de divorcio, las disputas afectan directamente el bienestar de los hijos, relegando su protección. Aunque la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece mecanismos para salvaguardar sus derechos, los obstáculos legales y la falta de recursos dificultan su implementación.
Para garantizar que los menores sean escuchados, el DIF dispone de representantes legales imparciales que, cuando logran participar en los procesos judiciales, argumentan a favor de los intereses de los niños. Sin embargo, la resistencia de las partes involucradas y la falta de colaboración de algunos jueces complican su labor.
La importancia de creer y prevenir
Rivera enfatizó la necesidad de creer en las declaraciones de los niños, dado que su testimonio puede ser clave para identificar casos reales de abuso. Reconoció que factores como el temor de las madres a perder el sustento económico o la falta de apoyo familiar contribuyen al silencio frente a estas agresiones.
Para abordar esta problemática, el INSP ha desarrollado herramientas innovadoras como programas de computación, lentes de realidad virtual y talleres en escuelas que permiten a los niños aprender de manera divertida y efectiva sobre la prevención del abuso.
Urge una acción coordinada
Con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se espera unificar criterios judiciales para proteger a los menores. Sin embargo, el reto principal radica en asegurar que las leyes sean cumplidas y que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean prioritarios.
El abuso sexual infantil es un atentado contra la dignidad y el futuro de los menores. Las autoridades, las familias y la sociedad deben trabajar juntas para erradicar este flagelo, fortalecer la denuncia, garantizar la justicia y ofrecer apoyo integral a las víctimas. Solo así se podrá avanzar hacia un México más justo y seguro para sus niños.