Memoria y justicia: una lucha por los derechos humanos en México
La reciente decisión de la Juez Primero de Distrito, Minerva Mendoza, de otorgar una suspensión provisional para el resguardo de cuatro memoriales retirados de las inmediaciones de Palacio Nacional marca un punto crucial en la lucha por los derechos humanos en México. Estos memoriales, dedicados a las víctimas de desaparición forzada, no son meros objetos; son expresiones palpables del dolor y la resiliencia de familias que han sido desgarradas por la pérdida y la incertidumbre.
La acción de retirar estos memoriales, llevada a cabo por personal militar el pasado 15 de marzo, ha sido interpretada por los colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos como un acto que violenta los derechos fundamentales a la memoria, la protesta y la manifestación. Este acto no solo refleja una falta de sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, sino que también plantea serias preguntas sobre el compromiso del gobierno con los principios de legalidad y seguridad jurídica que deben regir nuestro país.
La memoria, contrariamente a lo que ha estimado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es indudablemente un derecho humano. Recordar a quienes han desaparecido y reivindicar su existencia es una forma de resistencia contra el olvido forzoso y una reafirmación de nuestra humanidad compartida. En este contexto, la exigencia de las familias y de los colectivos para que no solo se resguarden sino que se reinstalen estos memoriales es completamente válida y necesaria.
La crítica aquí no es solo hacia la acción de retirar los memoriales, sino también hacia la aparente indiferencia del gobierno frente a un problema tan grave como lo es la desaparición forzada en México. El gobierno debe entender que su papel no es solo de gobernante, sino también de garante de derechos y protector de sus ciudadanos más vulnerables. En lugar de remover los recordatorios de nuestras fallas colectivas, debería enfocarse en resolver las causas raíz de estas tragedias.
La lucha de estas familias por la justicia y la memoria es un recordatorio de que aún hay mucho por hacer en nuestro país en términos de derechos humanos y justicia social. Es imperativo que el gobierno escuche y actúe de acuerdo con las demandas de las víctimas y sus familias. No se trata solo de reinstalar un memorial, sino de reconocer y confrontar una herida abierta en el tejido social de nuestra nación.
Es momento de que el gobierno demuestre su verdadero compromiso con los principios de verdad, justicia y reparación. Debe garantizar que no solo los memoriales sean respetados, sino que todas las víctimas de desaparición forzada y sus familias reciban la atención y el apoyo que merecen. Solo así podremos aspirar a una sociedad que verdaderamente valora y respeta los derechos humanos de todos sus ciudadanos.