Los ‘Guardaditos’ de la Corte: ¿Secretos Ocultos en el Presupuesto Judicial?
Los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido objeto de críticas en los últimos tiempos debido a su uso discrecional y a su operación fuera de las reglas de supervisión del gasto público. Según el reporte del primer trimestre, estos fideicomisos superan el presupuesto que les asignó Hacienda para el año 2023.
La Corte cuenta con una partida presupuestaria de 5 mil 630 millones 534 mil 430 pesos en 2023, mientras que los fideicomisos que administra acumulan un total de 6 mil 70 millones 79 mil 447.91 pesos. Esta diferencia, que ha generado controversia, se ha incrementado significativamente en comparación con años anteriores.
En 2021, cuando se hizo una primera comparación entre ambos montos, la diferencia a favor de los fideicomisos era de 121 millones 401 mil pesos. Sin embargo, en la actualidad, esa diferencia se ha ampliado considerablemente, alcanzando los 439 millones 545 mil 17 pesos.
Uno de los fideicomisos más cuantiosos es el destinado a las pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, quienes tienen derecho a estas pensiones bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Este fideicomiso cuenta con un saldo de 2 mil 890 millones 558 mil 448.28 pesos. Otro fideicomiso, que nutre las pensiones complementarias para mandos superiores, dispone de 810 millones 210 mil 562.05 pesos.
Es importante destacar que los ministros de la SCJN no reciben pensiones adicionales a través de estos fondos, ya que sus percepciones después del retiro están reguladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Otro de los fideicomisos financia el plan de prestaciones médicas, permitiendo que los funcionarios de la Corte reciban hasta 383 mil 82 pesos de ayuda para atención de salud en hospitales privados. La Corte justifica este fideicomiso como un apoyo a sus servidores públicos con menores ingresos, quienes colaboran en la administración de la justicia sin esperar más retribución que la que les permita vivir con decoro, especialmente en situaciones económicas difíciles relacionadas con gastos médicos no cubiertos adecuadamente por la instancia respectiva o el seguro de gastos médicos.
Además de estos fideicomisos, la SCJN cuenta con otro instrumento financiero basado en sus remanentes presupuestales, que asciende a un total de mil 347 millones 159 mil 172.26 pesos. Desde 1999, el Poder Judicial de la Federación estaba obligado a devolver a la Tesorería de la Federación los recursos no utilizados en cada ejercicio fiscal. Sin embargo, el dinero acumulado en años anteriores por esta vía permitió financiar uno de los fideicomisos con más fondos.
La Corte argumentó en su momento que no tenía limitación legal para disponer de los fondos no ejercidos antes de 1999. Esta medida ha generado debate en cuanto a la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, el máximo tribunal ha creado un fideicomiso a través de la venta de diversos productos, como publicaciones y discos compactos con jurisprudencias, con lo cual ha acumulado un total de 173 millones 886 mil 805.54 pesos. Este fideicomiso se ha convertido en una fuente adicional de financiamiento para la Corte.
El único instrumento de relación directa con la labor sustantiva de la SCJN es el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, conocido como Fondo Jurica, por la localidad de Querétaro, donde fue creado. Actualmente, este fondo cuenta con 707 millones 213 mil 760.66 pesos y tiene como objetivo fortalecer y modernizar la impartición de justicia en el país.
La existencia y el manejo de estos fideicomisos han generado diversas opiniones y cuestionamientos en la sociedad y entre los legisladores. Mientras algunos argumentan que estos fondos son necesarios para asegurar el bienestar de los funcionarios judiciales y la eficiencia del sistema de justicia, otros señalan la falta de transparencia y supervisión en su utilización.
El presidente de la Corte, Juan Pérez, ha defendido la existencia de estos fideicomisos, argumentando que son una herramienta necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y para apoyar a los servidores públicos que enfrentan situaciones económicas difíciles. Sin embargo, ha asegurado que están abiertos a la revisión y la rendición de cuentas.
Por su parte, algunos legisladores de oposición han solicitado una auditoría completa de los fideicomisos de la Corte y han expresado su preocupación por la falta de control en la gestión de estos recursos. Argumentan que es necesario garantizar que los fondos se utilicen de manera transparente y en beneficio de la justicia y la sociedad en su conjunto.
La polémica en torno a los fideicomisos de la SCJN continuará siendo un tema de debate en los próximos meses, ya que se espera que los legisladores analicen y discutan posibles reformas para mejorar la supervisión y la transparencia en la gestión de estos fondos. Mientras tanto, la Corte seguirá operando con un presupuesto que es superado por sus fideicomisos, generando interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos en la institución judicial más alta del país.