Llamado regional: fortalecer justicia ante crimen organizado
Ciudad de México.— En una firme denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones civiles de América Latina alertaron sobre la alarmante concentración de homicidios en la región, donde, pese a representar solo el 9 por ciento de la población mundial, se registra más del 30 por ciento de estos crímenes. Esta grave situación, señalaron, es consecuencia directa del crecimiento de la delincuencia organizada, la cual opera con altos niveles de impunidad.
Durante la audiencia pública, destacaron la participación de organizaciones como la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Cristosal y la Fundación para el Debido Proceso, quienes coincidieron en que los sistemas de justicia de la región enfrentan importantes desafíos. Entre estos, subrayaron la infiltración de estructuras criminales en las instituciones del Estado, así como deficiencias estructurales que incluyen baja capacidad técnica para realizar investigaciones y procesos judiciales excesivamente lentos.
Las organizaciones alertaron que el crimen organizado genera patrones complejos de victimización que derivan en violaciones graves a los derechos humanos. Estos incluyen homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamientos forzados y ataques directos contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios.
Ante la presencia de la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, y los comisionados Andrea Pochak y Carlos Bernal, las organizaciones insistieron en que los Estados deben fortalecer su capacidad institucional para combatir eficazmente a las redes criminales. Destacaron la importancia de entablar un diálogo constante con la sociedad civil, cuyo conocimiento y experiencia pueden enriquecer las estrategias estatales en materia de seguridad.
Uno de los hallazgos más contundentes presentados ante la CIDH fue que los registros judiciales revelan cuellos de botella, omisiones sistemáticas y patrones de impunidad en la investigación y procesamiento de delitos complejos. Se señaló también que, pese a la magnitud de los ilícitos, el porcentaje de bienes efectivamente decomisados es irrisorio en comparación con el valor estimado de las actividades criminales.
En este contexto, las organizaciones propusieron un viraje en las políticas criminales. Plantearon dejar atrás los enfoques centrados exclusivamente en la coacción y el uso de la fuerza, que han demostrado ser insuficientes. En su lugar, recomendaron adoptar estrategias preventivas con enfoque en la seguridad humana, que prioricen a la población y aborden las causas estructurales de la violencia.
La comisionada Andrea Pochak reconoció la relevancia de estas aportaciones en el proceso de elaboración de una resolución por parte de la CIDH sobre el crimen organizado y los derechos humanos. Con este respaldo, las organizaciones confían en que se pueda construir una respuesta regional más eficaz, centrada en la justicia, la prevención y la protección de las comunidades más vulnerables.