Litio en México: Recuperación de Nuestra Soberanía
En un giro histórico hacia la recuperación de nuestra soberanía sobre recursos naturales cruciales, el Congreso mexicano ha dado un paso definitivo al votar a favor de la nacionalización del litio. Esta decisión, emanada de la propuesta legislativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, marca un antes y un después en la gestión de los recursos minerales de México, especialmente frente a la explotación indiscriminada a la que fueron sometidos durante los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Durante estos periodos presidenciales, se otorgaron aproximadamente 100 mil hectáreas de terreno en Sonora, específicamente en los municipios de Bacadehuachi y Nazo Chico, a empresas extranjeras, británicas y chinas, para la exploración y explotación del litio, un mineral de vital importancia para la tecnología moderna y la industria armamentista. Este acto de despojo, disfrazado de inversión extranjera, colocó a México en una posición de vulnerabilidad, al ceder el control sobre el que ha sido declarado el yacimiento de litio más grande del mundo.
La entrega de concesiones a la empresa china Ganfeng Lithium y la británica Bacanora Lithium, con contratos que abarcan medio siglo, es un claro ejemplo de las políticas neoliberales que favorecieron los intereses extranjeros por encima del bienestar y el progreso de la nación mexicana. Estas acciones no solo pusieron en riesgo nuestra autonomía sobre recursos naturales indispensables sino que también evidenciaron la falta de visión a largo plazo de los gobiernos del PAN y PRI, cuyas decisiones estuvieron lejos de proteger los intereses nacionales.
La reciente adquisición del 50% de Bacanora Lithium por parte de Ganfeng Lithium, y su anuncio de construir una planta de reciclaje de baterías de iones de litio en México, resalta la importancia estratégica del litio y la necesidad imperante de que este recurso sea gestionado por y para los mexicanos. El proyecto de Sonora Lithium, destinado a explotar la mina solo durante 19 años, subraya la urgencia de implementar políticas sostenibles que aseguren el aprovechamiento del litio en beneficio del desarrollo tecnológico y económico de México.
La decisión de nacionalizar el litio es, por tanto, un acto de justicia y prudencia económica. Al recuperar el control sobre este recurso, México no solo asegura su participación en la economía global del futuro sino que también toma una posición firme contra las prácticas extractivistas que han saqueado nuestros recursos naturales durante décadas. Esta medida representa un rechazo contundente a las políticas neoliberales que favorecieron la privatización y el despojo de nuestros bienes más preciados.
La reforma a la ley minera, impulsada por el gobierno de López Obrador, es un claro indicador del compromiso del actual gobierno con la soberanía nacional y el desarrollo sostenible. A diferencia de las administraciones anteriores, que se doblegaron ante los intereses extranjeros, el gobierno actual ha demostrado tener la visión y la determinación para poner a México primero, especialmente en temas de tan alta importancia como lo es el litio.
Al final, la nacionalización del litio no solo es una victoria para México en términos de soberanía y seguridad energética, sino también un paso adelante en la lucha contra las políticas neoliberales que han desangrado a nuestro país. Es hora de que México retome el control de su destino, asegurando que sus recursos sean utilizados en beneficio de su gente y no de corporaciones extranjeras. Esta decisión histórica no solo corrige errores del pasado sino que también abre un nuevo capítulo de independencia y progreso para México.