La verdad sobre el huachicol: justicia sí, venganza no

En México estamos viviendo una transformación profunda, una ruptura con el viejo régimen donde la corrupción era ley, el saqueo una práctica cotidiana y el poder un privilegio para unos cuantos. Esta transformación —la Cuarta Transformación— ha removido cimientos podridos, ha incomodado intereses poderosos y ha encendido la furia de quienes antes vivían del negocio de la impunidad. El tema del huachicol es ejemplo perfecto de este conflicto entre el viejo México de los privilegios y el nuevo México que el pueblo decidió construir con su voto.

Por más que lo nieguen, por más que intenten disfrazar su sed de revancha con discursos de “justicia”, la realidad es que los ataques recientes hacia las acciones del gobierno federal en contra del huachicoleo no están motivados por un genuino interés por esclarecer delitos, sino por un deseo visceral de venganza. No quieren justicia: quieren regresar al modelo anterior donde ellos controlaban todo, incluso la ley.

Basta con ver la reacción ante las detenciones de marinos y empresarios presuntamente implicados en el robo de combustibles. De inmediato, sin pruebas sólidas ni juicios justos, los mismos de siempre —voceros del conservadurismo, columnistas cómodamente instalados en la nostalgia neoliberal, opinadores de escritorio— comenzaron a construir una narrativa para golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, al presidente electo, Claudia Sheinbaum, buscando desacreditar el primer régimen verdaderamente transformador en décadas.

Detrás de esa narrativa se esconde un objetivo mezquino: hacer que la ciudadanía crea que “todos son iguales”, que en este gobierno también hay corrupción, que no valió la pena el cambio. Su esperanza es sembrar el desencanto, matar la esperanza y preparar el terreno para su regreso. No lo lograrán.

Los señalamientos hacia el almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, no se basan en hechos, sino en puras especulaciones. Nadie habla de pruebas, nadie ofrece documentos, nadie cita testimonios reales. Sólo suposiciones. El objetivo no es investigar, sino equiparar a un gobierno democrático con el régimen podrido que les antecedió. Pero el pueblo no es ingenuo. Sabe diferenciar entre la justicia auténtica y el linchamiento político.

La transformación de México no es una tarea sencilla. El neoliberalismo no se desmantela con un decreto ni se derrota con una elección. Fueron más de tres décadas en las que se instauró un modelo de saqueo sistemático, donde todo —incluso la vida— se puso al servicio del mercado. Por eso, revertir ese daño requiere tiempo, paciencia y convicción. Pero sobre todo, requiere que no se pierda el rumbo.

El combate al huachicol fue uno de los primeros grandes golpes del presidente López Obrador al corazón de la corrupción estructural. Cerró las llaves del robo institucionalizado de combustibles, desmanteló redes que operaban bajo la protección de altos mandos y generó un ahorro millonario para el país. Por supuesto que eso generó enemigos. Por supuesto que no se quedaron cruzados de brazos.

Hoy, cuando las instituciones de justicia dan pasos importantes en contra de los presuntos responsables de ese ilícito, los defensores del viejo régimen no celebran los avances, sino que lanzan campañas para sembrar dudas y desacreditar todo. Les duele ver que sí se puede castigar a los intocables, porque eso jamás ocurrió en sus gobiernos.

No debemos perder la perspectiva: los avances del actual gobierno deben celebrarse, pero también deben profundizarse. Si hay más responsables, sin importar el rango que tengan, deben ser investigados y juzgados. Eso es lo que demanda la ciudadanía. Pero usar el caso para desacreditar a toda una transformación nacional es una bajeza que sólo exhibe a quienes prefieren ver al país en ruinas si no pueden controlarlo.

Hoy más que nunca es indispensable resistir los embates de los huérfanos del neoliberalismo. Esos que quedaron sin privilegios, sin contratos amañados, sin impunidad garantizada. Esos que, como buitres, rondan la escena esperando el menor tropiezo para lanzarse con furia y tratar de recuperar lo que el pueblo les arrebató en las urnas. A ellos les decimos: México no va a retroceder.

Es necesario seguir construyendo los instrumentos de transformación que mandató el pueblo. La transparencia, la justicia, la rendición de cuentas, son banderas irrenunciables de la Cuarta Transformación. Si se requiere que el almirante Ojeda u otros funcionarios declaren para aclarar cualquier tema, que lo hagan. El compromiso del gobierno de la 4T no es con los privilegios ni con el silencio, es con el pueblo.

Sabemos que hay cerca de 200 órdenes de aprehensión pendientes contra involucrados en el huachicoleo. Esperamos que se actúe con firmeza. La justicia no puede tener excepciones, pero tampoco puede ser rehén de la venganza. La 4T se ha caracterizado por su compromiso con la legalidad y por su capacidad de actuar donde otros solo callaban.

Y mientras eso sucede, no debemos olvidar que la lucha contra la corrupción no se libra únicamente en las grandes estructuras de poder. También debe darse en los pasillos oscuros de las alcaldías, en las oficinas donde aún persisten prácticas corruptas por parte de funcionarios menores. En lugares como la alcaldía Álvaro Obregón, donde todavía se escucha el eco de los viejos métodos priistas, hay que alzar la voz y exigir que el cambio llegue también ahí.

Los sindicatos, muchas veces escudo de la impunidad, deben entender que la transformación no es optativa. O se suman al nuevo rumbo del país, o quedarán evidenciados como cómplices de un sistema que ya fue rechazado por el pueblo. Porque en esta lucha no hay espacio para los tibios ni para los encubridores. La corrupción, venga de donde venga, será combatida.

La 4T ha sentado las bases de un nuevo México, donde la ley se respeta, donde los privilegios se acaban y donde el poder se ejerce para servir, no para enriquecerse. Falta mucho por hacer, sí. Pero también se ha hecho muchísimo. Los millones de mexicanos que respaldan este proyecto lo saben y no permitirán que el ruido de los derrotados opaque la construcción de un país más justo.

Quienes hoy intentan desacreditar el proceso judicial contra los huachicoleros no buscan justicia. Buscan venganza. Y lo hacen porque saben que han perdido poder, que el dinero fácil se acabó, que sus redes de impunidad se están desmoronando. Pero no lo van a lograr. Porque el pueblo ya despertó, y no está dispuesto a permitir que le roben, de nuevo, su futuro.

La lucha continúa. Y en ella, el compromiso del gobierno de México y de todos los que creemos en la transformación verdadera es firme: no cederemos ni un paso atrás. La corrupción no regresará. La justicia no será usada como arma política. Y el país, este nuevo México que entre todos estamos construyendo, seguirá adelante.