La transparencia de López Obrador: Un legado de honestidad en tiempos de corrupción
La reciente entrega de la declaración patrimonial de Andrés Manuel López Obrador, correspondiente a la conclusión de su mandato, reafirma la postura que el expresidente ha mantenido a lo largo de su carrera política: la integridad y la transparencia en el servicio público son innegociables. Con esta declaración, López Obrador no solo cumple con lo estipulado por la Ley de Responsabilidades Administrativas, sino que demuestra que la honestidad no es una consigna vacía, sino una práctica constante y visible. Este acto representa un ejemplo contundente en un contexto donde la desconfianza en la clase política mexicana ha sido alimentada durante décadas por casos de corrupción y abuso de poder.
La declaración de López Obrador detalla sus ingresos, activos y pasivos hasta el último día de su gestión, ofreciendo una ventana a su vida financiera, completamente desvinculada de cualquier ganancia derivada de actividades comerciales o empresariales. En un país donde los excesos de los altos funcionarios son percibidos como una constante, resulta significativo que un expresidente se someta a un escrutinio tan riguroso y transparente, reflejando ingresos exclusivamente de su función pública y de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, sin señales de enriquecimiento sospechoso.
Desde el inicio de su administración, López Obrador subrayó la importancia de combatir la corrupción, una promesa que cumplió mediante acciones, como la reducción de salarios a altos funcionarios, la eliminación de privilegios y el fortalecimiento de la austeridad republicana. Su declaración patrimonial finaliza este compromiso, alejándose de la imagen de expresidentes que, al dejar el poder, parecían beneficiarse de fortunas inexplicables y del aprovechamiento de sus cargos. Este contraste es particularmente evidente al comparar su declaración con las opacas administraciones de exmandatarios priistas y panistas, que rara vez fueron sujetos a controles de esta naturaleza y cuya evolución patrimonial sigue generando cuestionamientos.
Los ingresos que reporta López Obrador son modestos en comparación con los de otros exlíderes mundiales o incluso con políticos nacionales de la oposición, algunos de los cuales tienen un estilo de vida ostentoso que, al no corresponderse con sus ingresos declarados, despierta sospechas. Al declarar un ingreso neto de un millón 212 mil 934 pesos en su último año de gestión, el expresidente refleja una realidad de su administración que es coherente con su mensaje de “primero los pobres”. Esta cifra, lejos de exhibir lujos, es un reflejo de un servidor público que, a diferencia de los políticos tradicionales, rechaza la opulencia y opta por una vida austera, en congruencia con su lucha por la justicia social.
El compromiso de López Obrador con la transparencia y la rendición de cuentas es algo que debería emularse en todos los niveles de gobierno. Mientras su declaración patrimonial sigue el cauce regular en la Secretaría de la Función Pública (SFP) para su verificación, es evidente que la administración de López Obrador marcó una diferencia en la gestión pública de México, apostando por la ética y la transparencia. Este acto de honestidad es un recordatorio de que es posible servir al país sin beneficiarse económicamente, algo que la clase política tradicional parece no comprender.
La declaración patrimonial es un mecanismo que permite a los ciudadanos conocer la evolución de los bienes de sus funcionarios públicos, ofreciendo un filtro importante contra la corrupción. Este acto de transparencia de López Obrador, sin embargo, contrasta con las actitudes de líderes de oposición que insisten en atacar su gestión mientras callan sobre su propio historial financiero. Es irónico que figuras como Xóchitl Gálvez, quien ha hecho de la crítica a la administración de López Obrador su estandarte, guarden silencio respecto a sus propias finanzas y al crecimiento de sus empresas. Esta es la diferencia entre un político que trabaja por el bien común y aquellos que buscan en la política un camino para el enriquecimiento personal.
La ley exige a los funcionarios presentar su declaración patrimonial al inicio y fin de su gestión, y anualmente mientras permanecen en el cargo. Sin embargo, el verdadero reto radica en la voluntad de cada funcionario para realizar este ejercicio de forma sincera, sin omisiones ni ocultamientos. López Obrador lo ha hecho y, en lugar de utilizar este requisito como un simple trámite, lo convierte en un ejercicio de transparencia y de respeto a la ciudadanía, marcando una pauta que otros líderes políticos harían bien en seguir.
A lo largo de su mandato, López Obrador promovió la revisión y supervisión patrimonial de todos los funcionarios, haciendo de esta práctica una norma y no una excepción. A través de la SFP, su administración implementó medidas para monitorear la evolución de los bienes no solo de los altos funcionarios, sino de todos los servidores públicos. Con esto, reforzó la idea de que la rendición de cuentas no es un privilegio de algunos, sino una responsabilidad de todos aquellos que ejercen un cargo público. La transparencia, para López Obrador, no es un acto individual, sino un compromiso institucional que debe ser replicado en todos los ámbitos de la vida pública.
Este ejercicio de transparencia por parte de López Obrador destaca frente a la opacidad que caracteriza a tantos otros políticos. Mientras que en su declaración patrimonial se pueden ver cuentas bancarias en instituciones como Banorte, Afirme, el Banco del Bienestar y Pensionissste, y no hay rastros de transacciones comerciales o empresariales, otros líderes han sido señalados por sus vínculos con grandes consorcios o por actividades empresariales que resultan conflictivas. La falta de transparencia y el enriquecimiento inexplicable de algunos líderes de la oposición no hace sino ahondar la distancia entre ellos y un pueblo que anhela justicia y honestidad.
Al dejar el poder, López Obrador se despide sin deudas y sin fortunas escondidas, demostrando que la verdadera riqueza de un servidor público reside en su honorabilidad y compromiso con el pueblo. Su declaración patrimonial es una reafirmación de los valores que impulsaron su administración y que tanto incomodan a aquellos que ven en la política un medio de enriquecimiento. En este sentido, López Obrador marca la pauta de lo que significa ser un verdadero servidor del pueblo.
Es innegable que la transparencia es la única vía para recuperar la confianza ciudadana en la política. La declaración patrimonial de López Obrador es un mensaje claro para aquellos que piensan que pueden continuar engañando al pueblo mexicano: el tiempo de la impunidad está llegando a su fin. La transparencia que López Obrador ha promovido durante su mandato y que ahora materializa con su propia declaración patrimonial es un ejemplo que debería ser seguido por todos los funcionarios que se precien de servir a México.
La revisión de la declaración patrimonial de López Obrador por parte de la SFP será un paso formal que, sin duda, confirmará lo que millones de mexicanos ya saben: que su compromiso con la honestidad y la transparencia no fue una promesa vacía, sino una realidad palpable. Al hacer pública su situación patrimonial, López Obrador no solo cumple con un mandato legal, sino que envía un mensaje poderoso: en el México que él soñó y que millones de mexicanos respaldan, la corrupción no tiene cabida. Este es el legado de un presidente que vivió para servir al pueblo y no para servirse de él.