La SCJN Evaluará la Constitucionalidad de la Extinción de Fideicomisos en 2020
CIUDAD DE MÉXICO.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programado discutir la próxima semana la posible inconstitucionalidad de la extinción de 109 fideicomisos, que en 2020 generó controversia y amplio debate político. El proyecto, liderado por el ministro Gutiérrez Ortíz Mena, evaluará las modificaciones a 17 leyes y la eliminación de dos, abarcando áreas críticas como salud, deporte, ciencia, tecnología, medio ambiente, protección civil, cultura y cinematografía.
Estos cambios, impulsados por las bancadas oficialistas en el Congreso, buscaron liberar recursos por un total de 68 mil 400 millones de pesos para la compra de vacunas contra el Covid-19 durante uno de los picos más severos de la pandemia en México. Sin embargo, la medida fue impugnada por representantes de la oposición, quienes presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte después de que sus reservas legislativas para detener el decreto no tuvieran éxito.
Entre las leyes impugnadas se encuentran la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y la Ley de Hidrocarburos, entre otras. La decisión sobre la constitucionalidad de estas modificaciones legislativas será crucial, no solo por su impacto en los sectores afectados sino también por las implicaciones políticas y sociales a largo plazo.
El proceso de extinción de los fideicomisos fue aprobado el 21 de octubre de 2020 por el Senado con 64 votos a favor y 39 en contra, y el decreto entró en vigor el 7 de noviembre del mismo año, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Adicionalmente, la Primera Sala de la SCJN podría discutir una cuestión relacionada con la falta de aplicación de perspectiva de género en un procedimiento penal contra una mujer acusada de trata de personas. Este tema subraya la importancia de considerar las dimensiones de género en la administración de justicia y podría sentar un precedente importante en cómo se manejan estos casos en el futuro.
La próxima sesión de la SCJN será decisiva para entender cómo evolucionará la jurisprudencia en temas de gestión pública y derechos fundamentales en México, en un contexto de tensiones políticas y demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno.