La reforma al poder judicial en México en 1995: un cambio drástico y poco cuestionado.
El 1º de enero de 1995, a un mes de haber asumido la presidencia, Ernesto Zedillo clausuró durante un mes la Suprema Corte mediante la figura de jubilación voluntaria y destituyó a los 26 ministros que la integraban. Promulgó reformas a 20 artículos de la Constitución y en tan solo 52 días de gobierno, se habían reemplazado a todos los integrantes de ese organismo.
Zedillo había sido elegido presidente el 21 de agosto del año anterior, postulado por el PRI después del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio en marzo. En ese momento, el PRI tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, mientras que la oposición de izquierda representada por el PRD y el PT tenía poco peso. Durante las votaciones sobre la reforma al Poder Judicial, el PAN se unió al PRI. El periodista Froylán López Narváez acuñó el término “PRIAN”.
En el Senado, la votación del PRIAN fue unánime debido a que los tres diputados del PRD, que se oponían firmemente a la reforma, abandonaron la sesión sin votar: Guillermo del Río, Heberto Castillo y Félix Salgado Macedonio.
En aquel entonces, no se mencionaban las palabras corrupción, tráfico de influencias, compadrazgos, plagio de tesis, liberación judicial de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices, o similares. El argumento formal fue: “Es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia”. Sin embargo, la realidad es que Zedillo no quería una Corte integrada por ministros nombrados por De la Madrid y Salinas.
La reforma al Poder Judicial incluyó la reducción de 26 a 11 el número de ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo su presidente. También se creó el Consejo de la Judicatura, se incorporaron nuevos recursos como la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad, se jubiló inmediatamente a los 26 ministros y se estableció un límite de 15 años para ocupar el cargo que antes era vitalicio.
En esos días, entre el desastre económico que se vivía con el “error de diciembre”, la devaluación salvaje del peso y la incertidumbre de si un crédito de los Estados Unidos salvaría a México de caer en incumplimiento de pago por más de 60 mil millones de dólares, la prensa afín al gobierno y sus comentaristas no le dieron mucha importancia a la destitución de los ministros.
Nadie habló de golpe de estado, autoritarismo o dictadura. Los diputados y senadores actuaron en complicidad para que Zedillo operara como un líder autoritario. Votaron sin oposición para desaparecer a los titulares de otro poder a cambio de prebendas y privilegios. Los ciudadanos ni siquiera se enteraron.
Hoy en día, los ministros corruptos de la Suprema Corte, los magistrados y los jueces se atreven a hacer de las suyas porque saben que la Cuarta