La Presidenta tiene razón: ¿Dónde está el dinero que nos dejaron deber?

En más de una ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado con claridad una pregunta que millones de mexicanas y mexicanos comparten: ¿Dónde está todo el dinero con el que endeudaron al país durante los gobiernos del PRI y el PAN? Esa pregunta no es retórica ni caprichosa; es un llamado urgente a revisar el pasado reciente, a exigir cuentas y a entender por qué México fue sumido en una deuda histórica que no se refleja en infraestructura, bienestar ni desarrollo social.

Porque los números espantan, sí. Pero también revelan. La revisión de las finanzas heredadas por la Cuarta Transformación muestra cifras de pesadilla: millones supuestamente destinados a Pemex, que al final eran transferidos como impuestos a otras dependencias, donde florecían los sueldos dorados y los negocios privados operaban como verdaderas mafias institucionales. Era un círculo vicioso, perverso y perfectamente legalizado por las reformas neoliberales, diseñado no para el pueblo, sino para enriquecer a unos cuantos.

Ese modelo económico, profundamente corrupto y depredador, fue el que impulsaron y protegieron los gobiernos panistas y priistas, con personajes como Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont y otros operadores del poder que se beneficiaban de mecanismos como las devoluciones de impuestos multimillonarias. ¿Cuánto dinero público se fue por esa vía a manos de grandes empresas y aliados políticos? ¿Cuántas veces nos hicieron pagar a todos los mexicanos para que unos pocos se hicieran más ricos?

La presidenta Sheinbaum no sólo señala, también sugiere una ruta: revisar, auditar y transparentar el destino de los recursos que endeudaron a generaciones enteras. Porque mientras se devolvían miles de millones a empresarios y despachos fiscales, el pueblo sufría recortes, privatizaciones, abandono de hospitales, despidos de trabajadores y marginación social.

El saqueo legalizado

Uno de los casos más escandalosos de este modelo de saqueo fue el litigio de la familia Ramos Millán, cuya demanda por devolución de impuestos duró más de 16 años… y bastaron dos meses de Vicente Fox en la Presidencia para que Diego Fernández de Cevallos lo resolviera a su favor. Se devolvieron mil 214 millones de pesos, de los cuales 600 millones habrían sido destinados al cártel de los abogados azules, una red de élite protegida por el poder político.

Otro ejemplo infame fue el de Jugos Del Valle, al que se le devolvieron mil 800 millones de pesos, también gracias a la intervención de Fernández de Cevallos, quien consiguió una sentencia exprés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambos casos reflejan con nitidez cómo funcionaba una maquinaria de impunidad fiscal que no sólo no pagaba impuestos, sino que además recibía dinero público mientras el país se endeudaba para cubrir los hoyos financieros provocados por esas mismas prácticas.

Y esto no es invención. En el sexenio anterior, desde la “mañanera”, el presidente López Obrador denunció con nombre y apellido a las 10 principales empresas a las que se les condonaron impuestos por montos descomunales. Entre ellas, las dos principales televisoras, bancos, armadoras de autos y otros gigantes que, lejos de contribuir a la nación, se beneficiaban de un régimen fiscal profundamente injusto.

La respuesta: una transformación en marcha

Frente a esta historia de abusos, la Cuarta Transformación ha respondido con hechos. Desde la cancelación de las condonaciones fiscales hasta la eliminación de privilegios para funcionarios y empresas, el nuevo gobierno ha comenzado a poner orden donde antes reinaba la corrupción y el desfalco institucionalizado. La pregunta de la presidenta Sheinbaum no es un ataque; es un acto de conciencia nacional, un llamado a no repetir la historia y a que se haga justicia con la memoria y la auditoría pública.

México ya no puede permitirse gobiernos que regalen el dinero del pueblo a los poderosos. Hoy más que nunca, el país necesita continuar con un modelo que privilegie el bienestar común, que invierta en salud, educación, seguridad y obras públicas. Y eso sólo es posible con una administración honesta, con recaudación justa y con un compromiso inquebrantable con el interés nacional.

La deuda, herencia de la corrupción

Es evidente que gran parte de la deuda actual de México no se tradujo en desarrollo. Esa deuda no construyó hospitales, ni escuelas, ni caminos. Esa deuda sirvió para pagar sueldos exorbitantes, para sostener privilegios y para financiar devoluciones fiscales a los mismos que diseñaron las reformas fiscales tramposas, como aquella de 2005 cuando el PRI y el PAN reformaron la Ley del ISR para que las grandes empresas pudieran diferir —en realidad, evadir— el pago de impuestos por tiempo indefinido.

Hoy, esa deuda sigue en los libros contables de la nación, pero ya no está en las arcas públicas, ni en los servicios, ni en el bolsillo del pueblo. Está en las cuentas bancarias de quienes fueron protegidos durante décadas. Por eso la pregunta de la Presidenta no sólo es válida, es urgente.

Y aunque no todos los casos puedan resolverse de inmediato, el simple hecho de traerlos a la luz es un paso hacia la justicia histórica. Ya no se trata sólo de saber cuánto se robó, sino de establecer un nuevo pacto moral con el país: el dinero del pueblo es sagrado y debe usarse para el bien común.

De pasadita: el suelo se hunde, pero el compromiso crece

En otro tema que también preocupa a millones, la presidenta y el gobierno de la Ciudad de México deben atender con urgencia el problema creciente de los socavones y daños estructurales en calles y avenidas. La tragedia reciente en la calzada Ignacio Zaragoza debe ser un punto de inflexión para reforzar la supervisión de infraestructura, modernizar el mantenimiento urbano y, sobre todo, prevenir nuevas tragedias con un enfoque responsable y humano.

La pandemia de socavones no es culpa de un solo gobierno, sino de años de abandono acumulado. Pero la transformación también implica enfrentar este tipo de retos con decisión, con inversión pública y con coordinación entre niveles de gobierno, como ha comenzado a hacerse.

En resumen, no se trata sólo de preguntar “¿dónde está el dinero?”, sino de garantizar que nunca más se repita el saqueo neoliberal. Que nunca más se condonen miles de millones a empresas mientras se recorta el presupuesto a hospitales. Que nunca más el poder político esté al servicio de bufetes jurídicos ni de “abogados del poder”.

Con Claudia Sheinbaum al frente del país, con un pueblo informado y con una historia de agravios que no se olvida, México tiene la oportunidad de seguir construyendo un gobierno con memoria, justicia y dignidad. Esa es la verdadera transformación.