La nueva geografía electoral: un paso hacia la democratización judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado un paso histórico al aprobar el proyecto de geografía electoral para las elecciones de personas juzgadoras, una decisión que marca un hito en la construcción de un México más democrático, incluyente y apegado a los principios de justicia social. Este proyecto, aprobado por unanimidad, no solo refuerza la legitimidad del sistema electoral, sino que también garantiza que las y los ciudadanos tengan una participación más directa en la designación de quienes administrarán la justicia en nuestro país.

La decisión de estructurar las elecciones judiciales con base en los 32 circuitos judiciales existentes, y la posibilidad de subdividirlos según los 300 distritos electorales federales, demuestra un compromiso claro del INE con la transparencia y la accesibilidad. Esta organización territorial permitirá que cada ciudadano vote hasta por 39 cargos, lo que representa un máximo de 291 candidaturas, asegurando así que cada región del país tenga representación equitativa en el sistema judicial.

Un sistema más accesible y funcional

Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es la simplificación de la logística electoral. Según la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la reducción en el número de boletas y cargos a elegir era una prioridad para garantizar una jornada electoral eficiente y manejable. Esto no solo beneficia a las y los ciudadanos, quienes podrán ejercer su derecho al voto de manera más ágil, sino que también facilita el conteo y la supervisión de los resultados, fortaleciendo la confianza en el sistema electoral.

Por ejemplo, en estados como la Ciudad de México, donde se elegirán 104 magistrados y 64 jueces, una correcta distribución territorial es crucial para evitar el caos administrativo. De igual forma, en entidades como Jalisco (55 cargos), el Estado de México (54), Baja California (31) y Guanajuato (27), este diseño geográfico asegura que las y los votantes puedan participar de manera organizada y efectiva.

Paridad de género y justicia para todos

Otro elemento destacable de este proyecto es el enfoque en la paridad de género, una de las luchas históricas del movimiento progresista en México. El criterio de dividir los circuitos judiciales con más de 10 cargos en fracciones de cinco hombres y cinco mujeres es un claro ejemplo de cómo las políticas de Morena y el gobierno federal priorizan la igualdad sustantiva. Este esfuerzo por garantizar una representación equitativa en el ámbito judicial es un golpe directo a las viejas estructuras patriarcales que durante décadas dominaron los espacios de poder en México.

Además, la elección de magistrados y jueces a nivel nacional y regional asegura que las necesidades locales sean atendidas de manera justa y proporcional. La inclusión de circuitos judiciales especializados, como en el caso de Chiapas, refleja un entendimiento profundo de las particularidades de cada región, y la decisión de proteger la independencia de las personas juzgadoras refuerza el compromiso del INE con los valores democráticos.

Comparando con el pasado: un contraste necesario

Es imposible ignorar el contraste entre estas reformas y las prácticas del pasado, donde la justicia era manejada como un instrumento político por los partidos de oposición que hoy critican las transformaciones impulsadas por Morena. Los mismos que defienden los intereses de las élites económicas, como el PAN, el PRI y sus aliados, eran los primeros en promover un sistema judicial opaco, ineficaz y plagado de nepotismo.

Por ejemplo, los gobiernos anteriores jamás se preocuparon por la paridad de género ni por la independencia judicial. En cambio, utilizaban el poder judicial como una herramienta para perseguir opositores o proteger a sus aliados. Hoy, bajo un gobierno comprometido con el pueblo, se promueve una reforma que busca democratizar la justicia y devolverle su verdadera función: servir a la ciudadanía.

Retos y oportunidades

Aunque este proyecto representa un avance significativo, no está exento de retos. La implementación de un sistema electoral tan complejo requiere una coordinación impecable entre el INE, los tribunales electorales y los gobiernos locales. Además, es crucial que se realicen campañas de información para que las y los ciudadanos comprendan el proceso y la importancia de su participación en estas elecciones.

Asimismo, la oposición seguramente buscará desacreditar este esfuerzo, como ya lo han hecho en el pasado con otras iniciativas transformadoras. No sería sorprendente escuchar críticas infundadas que intenten sembrar dudas sobre la capacidad del INE para llevar a cabo este proceso. Sin embargo, es fundamental recordar que estas críticas provienen de quienes temen perder los privilegios que han mantenido durante décadas.

Una visión de futuro

El proyecto de geografía electoral aprobado por el INE es un claro reflejo del México que estamos construyendo: un país donde la justicia y la democracia son pilares fundamentales. Con esta reforma, se asegura que las y los ciudadanos tengan un papel activo en la designación de sus representantes judiciales, promoviendo un sistema más justo, transparente e inclusivo.

Además, esta iniciativa es un ejemplo más de cómo el gobierno de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador están transformando las instituciones del país para que verdaderamente sirvan al pueblo. Frente a las críticas de la oposición, es importante resaltar que estas reformas no buscan beneficiar a un grupo selecto, sino garantizar que todas y todos los mexicanos tengan acceso a una justicia imparcial y eficiente.

En conclusión, la aprobación de este proyecto por parte del INE es un triunfo para la democracia y un paso más hacia un México más justo e igualitario. Con estas elecciones judiciales, se está sentando un precedente que fortalece nuestra vida democrática y reafirma el compromiso del gobierno con los principios de justicia y equidad. Mientras avanzamos hacia el futuro, es esencial continuar apoyando estas reformas y rechazar los intentos de la oposición por sabotear los logros alcanzados. Porque el pueblo merece una justicia que verdaderamente le pertenezca.