La Justicia y los Fideicomisos: La Hora de la Transparencia y la Responsabilidad
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de proceder con la extinción de seis fideicomisos representa un paso firme hacia una transformación profunda y necesaria en el Poder Judicial. A pesar de los intentos de frenar esta medida y de la resistencia de ciertos sectores del aparato judicial, la extinción de estos fideicomisos es un acto de responsabilidad y de alineación con los intereses del pueblo mexicano, quienes exigen un Poder Judicial transparente, eficiente y libre de privilegios desproporcionados.
La ministra presidenta Norma Piña, quien se había distinguido por su oposición a diversas iniciativas de transformación impulsadas por el gobierno de la Cuarta Transformación, ahora tiene la responsabilidad de gestionar la desaparición de estos fideicomisos. Este acto, aunque forzado por una realidad legislativa ineludible, muestra el poder del mandato constitucional y de un cambio que no puede ser detenido por intereses particulares o la defensa de privilegios anacrónicos.
La Naturaleza de los Fideicomisos: Un Símbolo de Opacidad
Es importante recordar que estos fideicomisos no son simplemente mecanismos de ahorro o previsión; son fondos que, durante décadas, sirvieron para perpetuar beneficios exclusivos para una cúpula privilegiada del Poder Judicial. Mientras el pueblo mexicano ha exigido una justicia accesible y equitativa, los recursos públicos se desviaban hacia gastos médicos extraordinarios, pensiones complementarias y remanentes de presupuestos pasados que se mantenían sin un destino claro o beneficios palpables para la ciudadanía.
Uno de estos fondos, el llamado Fondo Jurica, es una muestra contundente del desperdicio y la ineficiencia: fue creado para proyectos de tribunales, pero ha permanecido inactivo durante años. ¿Por qué mantener recursos públicos en fideicomisos que no cumplen una función social clara? La extinción de estos fondos es un acto de justicia financiera y de responsabilidad pública.
La Oposición Judicial: La Defensa de Privilegios
Las manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial contra la extinción de estos fideicomisos han sido presentadas por la oposición como una lucha legítima por derechos laborales. Sin embargo, detrás de estos movimientos se esconde la verdadera intención: proteger un sistema de privilegios que se aleja del ideal de una justicia para todos. Los amparos promovidos por empleados judiciales, en los que se menciona a Nacional Financiera (Nafin) como fiduciaria, demuestran el temor de perder beneficios que han sido cuestionados por su opacidad y falta de justificación ética.
La postura de la SCJN y de su presidenta Norma Piña refleja, en parte, una resistencia a perder autonomía financiera, pero también evidencia una desconexión con las necesidades reales del país. Mientras millones de mexicanos enfrentan dificultades económicas y luchan por acceder a servicios de salud y seguridad social, los fideicomisos del Poder Judicial representaban una isla de privilegios inaceptables.
La Reforma Judicial: Un Mandato del Pueblo
El dinero liberado con la extinción de estos fideicomisos será destinado a una causa que fortalece la democracia: la elección judicial de 2025 y las liquidaciones correspondientes para aquellos juzgadores que dejen sus cargos. Esta medida, establecida en el décimo transitorio de la reforma judicial promulgada el pasado 15 de septiembre, busca garantizar que el proceso de selección de jueces sea transparente y responda a los intereses de la ciudadanía y no a las élites judiciales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) estima que este proceso de elección costará 13 mil 200 millones de pesos. Los 7 mil 177 millones de pesos liberados de los fideicomisos contribuirán significativamente a financiar una elección que representa una oportunidad histórica para democratizar el Poder Judicial y romper con la cadena de jueces designados por favoritismos o acuerdos cupulares. Es una inversión en justicia, en transparencia y en una verdadera rendición de cuentas.
La Reconstrucción de Acapulco y el Fondo de Pensiones
Cabe señalar que, aunque inicialmente el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador consideró destinar los recursos de estos fideicomisos a la reconstrucción de Acapulco tras el devastador huracán Otis y al Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), el mandato constitucional ha definido con claridad el destino de estos recursos: fortalecer la implementación de la reforma judicial. Sin embargo, esto no disminuye el compromiso del gobierno con la reconstrucción y con los derechos sociales. La desaparición de estos fideicomisos abre las puertas a una gestión más equitativa y eficiente de los recursos públicos, evitando el derroche en prebendas y garantizando que el dinero llegue a donde realmente se necesita.
Complicaciones Legales: El Último Recurso del Conservadurismo
El plazo para extinguir estos fideicomisos vence el próximo 15 de diciembre. Sin embargo, los obstáculos legales que han surgido, impulsados por jueces federales que buscan proteger cuatro de los fideicomisos administrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), son muestra de una resistencia orquestada por sectores conservadores. La acumulación de casi 10 mil millones de pesos en estos fideicomisos hasta septiembre de este año es una cifra escandalosa que demuestra la magnitud del problema.
Los intentos por frenar esta medida mediante amparos son una estrategia desesperada de quienes se niegan a perder sus privilegios. No obstante, al tratarse de una reforma constitucional, estos recursos legales tienen un alcance limitado y eventualmente se agotarán, permitiendo que la voluntad del pueblo y del Congreso prevalezca.
El Futuro del Poder Judicial: Un Compromiso con el Pueblo
La extinción de estos fideicomisos y la implementación de la reforma judicial son pasos necesarios hacia un México más justo y equitativo. La resistencia de ciertos sectores del Poder Judicial y de la oposición, encabezada por partidos como el PAN, PRI y PRD, solo refleja su interés en mantener un sistema que beneficia a unos cuantos a costa del bienestar general.
La presidenta de la SCJN, Norma Piña, tiene ahora la oportunidad de alinearse con el mandato del pueblo o quedar marcada como una defensora de los privilegios del viejo régimen. La historia juzgará su decisión y el papel que desempeñe en este proceso de transformación.
El gobierno de la Cuarta Transformación ha demostrado una vez más su compromiso con la justicia social, la transparencia y la rendición de cuentas. Los fideicomisos del Poder Judicial eran un vestigio de un sistema que ya no tiene cabida en el México del siglo XXI. La extinción de estos fondos no es una pérdida para los trabajadores; es una ganancia para el pueblo y para el ideal de una justicia verdadera, sin privilegios ni corrupción.
Este es el momento de avanzar y de construir un Poder Judicial que responda a los intereses de todos los mexicanos, no solo de unos cuantos.