La Justicia Fiscal: ¿Por Qué Salinas Pliego Debe Pagar?

La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a los amparos promovidos por el empresario ultraderechista Ricardo Salinas Pliego es clara y contundente: no debieron ser aceptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta afirmación, lejos de ser una simple declaración, refleja un problema sistémico y profundo que México ha arrastrado por décadas: la evasión fiscal de los grandes empresarios, amparada muchas veces por el poder judicial y los resquicios legales que permiten el abuso de ciertos sectores privilegiados.

Según lo mencionado por el presidente, las empresas de Salinas Pliego acumulan una deuda de aproximadamente 28 mil millones de pesos, la cual, sumada a los intereses y otras penalizaciones, podría alcanzar la desorbitante cifra de 35 mil millones de pesos. Estamos hablando de un monto significativo, no solo por su tamaño, sino por lo que representa en un país donde los grandes contribuyentes, como lo es el Grupo Salinas, deben asumir su responsabilidad ante el fisco, algo que durante años se ha evadido de manera sistemática.

Salinas Pliego no es cualquier empresario. Además de ser uno de los hombres más ricos de México, ha sido un ferviente defensor de la política ultraconservadora y ha estado en el ojo del huracán en diversas controversias, desde su papel durante la pandemia de COVID-19, donde se opuso a las medidas de confinamiento y minimizó la gravedad de la crisis sanitaria, hasta su negativa a cumplir con sus obligaciones fiscales. Este comportamiento no solo es una burla para millones de mexicanos que sí cumplen con sus contribuciones, sino que también pone en tela de juicio los valores de justicia e igualdad que deberían regir en un Estado de derecho.

La SCJN ha programado resolver los amparos que Salinas Pliego interpuso para evadir el pago de su deuda fiscal a inicios de octubre. Estos amparos, según López Obrador, fueron guardados en un cajón durante mucho tiempo, en un intento más que evidente de proteger los intereses del empresario, dejando a la sociedad en la incertidumbre sobre si realmente la justicia es igual para todos o si sigue existiendo una justicia que beneficia a los poderosos. Y es que no se trata simplemente de un asunto técnico de derecho constitucional, sino de un tema de justicia básica. ¿Cómo es posible que un empresario con tantas riquezas, que se jacta de ser un defensor de la “libertad” y el “emprendimiento”, se niegue a cumplir con algo tan elemental como pagar impuestos?

La importancia de que la Corte actúe con rectitud no puede subestimarse. No es solo un tema de finanzas públicas o de recaudar fondos para proyectos sociales, es un asunto de dignidad nacional. El mensaje que se envía cuando personajes como Salinas Pliego logran evadir sus responsabilidades fiscales, con la ayuda de amparos que no deberían existir, es que en México todavía hay ciudadanos de primera y de segunda. Mientras que millones de trabajadores asalariados, pequeños empresarios y ciudadanos comunes cumplen con sus obligaciones fiscales, los magnates siguen buscando cualquier resquicio legal para evitar contribuir al país.

López Obrador ha sido claro al respecto: estos amparos no debieron haber sido aceptados, ya que no son un tema de constitucionalidad, sino de simple y llana responsabilidad fiscal. “Ya se demostró que se debe ese dinero”, dijo con contundencia el presidente, aludiendo a las pruebas irrefutables de que las empresas de Salinas Pliego deben al fisco. Y es que, a pesar de las múltiples estrategias legales que el empresario ha implementado, la deuda está ahí, es incuestionable.

Pero, ¿por qué la SCJN aceptó estos amparos en primer lugar? ¿Por qué durante tanto tiempo se ha permitido que los grandes contribuyentes evadan sus responsabilidades mientras el pueblo soporta la carga fiscal? La respuesta es compleja y tiene sus raíces en un sistema de justicia que históricamente ha favorecido a los poderosos, especialmente a aquellos que tienen los medios económicos para contratar a los mejores abogados y aprovechar al máximo los vacíos legales.

Es importante recordar que Ricardo Salinas Pliego no es un caso aislado. Durante años, México ha sido testigo de cómo los grandes empresarios han utilizado su poder e influencia para evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Sin embargo, la Cuarta Transformación liderada por López Obrador ha dejado en claro que esta situación debe cambiar. No se trata solo de una cuestión económica, sino de equidad y justicia social.

El monto de la deuda que Salinas Pliego debe al Estado mexicano, esos 35 mil millones de pesos, podrían tener un impacto significativo en los programas sociales que el gobierno ha implementado, como las becas para jóvenes, los apoyos a adultos mayores, o la construcción de infraestructura en comunidades marginadas. Cada peso cuenta cuando se trata de transformar un país, y permitir que los grandes deudores fiscales sigan evadiendo sus responsabilidades es un atentado directo contra esa transformación.

La evasión fiscal es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de un país. Y cuando esa evasión proviene de los sectores más privilegiados, el daño es doble. Salinas Pliego ha demostrado ser un empresario que no solo se niega a cumplir con la ley, sino que, además, intenta burlarse de ella utilizando todas las herramientas legales a su disposición. Esto no debería sorprendernos, ya que su trayectoria ha estado marcada por la búsqueda constante de beneficios personales a costa de los intereses de la nación.

Pero ahora, con un gobierno que pone al pueblo primero, es necesario que la SCJN actúe con imparcialidad y resuelva estos amparos conforme a la justicia y no bajo presiones o intereses ajenos al bienestar común. El hecho de que estos casos hayan sido enlistados para resolverse justo cuando el mandato de López Obrador está por terminar podría ser visto como una estrategia para retrasar la toma de decisiones cruciales que podrían cambiar el panorama fiscal del país.

Es hora de que los grandes empresarios como Salinas Pliego asuman su responsabilidad. No puede haber impunidad ni privilegios para los poderosos. La justicia debe ser igual para todos, y eso incluye a quienes tienen fortunas inmensas pero se niegan a contribuir al desarrollo de México. Este es un llamado a la SCJN, pero también a toda la sociedad: no permitamos que los ricos y poderosos sigan burlándose de nuestras leyes.

El presidente ha dado un paso importante al señalar este problema de frente. Ahora, corresponde a las instituciones actuar en consecuencia y demostrar que en México no hay nadie por encima de la ley.