Justicia social para México: el fin del festín neoliberal de pensiones doradas

Durante décadas, los gobiernos neoliberales de México impusieron un modelo de privatización que desfavoreció sistemáticamente al pueblo trabajador y benefició descaradamente a las élites económicas y políticas. Uno de los ejemplos más sangrantes fue la privatización del sistema de pensiones, que convirtió un derecho en negocio, asegurando ganancias para los “amigos” del poder y condenando a millones de trabajadores a una vejez precaria. Pero hoy, bajo un nuevo horizonte político encabezado por la Cuarta Transformación, México se encamina hacia la justicia social y la equidad.

Corría el año 1997 cuando Ernesto Zedillo, aplaudido por algunos como “demócrata” pero recordado por muchos como uno de los grandes verdugos del pueblo mexicano, privatizó las pensiones de los trabajadores inscritos en el IMSS. No contento con ello, una década después, el ilegítimo Felipe Calderón —cuya “elección” fue manchada por el fraude electoral— impuso una reforma similar para los trabajadores al servicio del Estado, completando así el cerco neoliberal sobre los derechos laborales.

Ambos personajes, abanderados de un modelo económico que ya mostraba claros signos de descomposición, prometieron “pensiones más dignas”. La realidad, sin embargo, fue otra: se abrió una veta de oro para el sector financiero y los oligarcas cercanos al poder, mientras los trabajadores recibieron cada vez menos por sus años de esfuerzo. Mientras tanto, las pensiones millonarias para la llamada burocracia dorada no solo se mantuvieron, sino que crecieron desproporcionadamente.

La Auditoría Superior de la Federación ya había dado señales de alarma desde 2013, documentando cómo altos exfuncionarios cobraban pensiones que superaban los 200 mil y 300 mil pesos mensuales. Viudas como María Amparo Casar, que se presentan como paladinas anticorrupción, falsearon incluso las causas de muerte de sus cónyuges para acceder a beneficios indebidos. Estos privilegios fueron comunes en organismos como la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el Banco de México, Bansefi (hoy Banco del Bienestar), Nacional Financiera y, por supuesto, Petróleos Mexicanos.

Mientras las Afore reducían los ingresos de los trabajadores comunes, en estas instituciones se perpetuaban esquemas obscenos de retiro que se mantenían intactos, intocables, protegidos por los mismos que juraban servir al pueblo. Y así se consolidó un sistema de injusticia institucionalizada, que sólo cambió cuando llegó un verdadero gobierno del pueblo.

La llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador significó un parteaguas en esta historia de abusos. Uno de sus primeros actos fue la cancelación de las pensiones presidenciales, un símbolo de la desigualdad que se había normalizado en las altas esferas del poder. Ya no más expresidentes cobrando del erario después de haber dejado al país en crisis; se acabó el despilfarro institucionalizado.

Hoy, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México continúa este camino de transformación profunda. Recientemente, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reveló datos alarmantes: pensiones que superan el millón de pesos mensuales, 33 personas que cobran entre 700 mil y 999 mil pesos, y más de 9 mil ex trabajadores de LyFC que reciben entre 100 mil y un millón de pesos cada mes. Todo esto, mientras el promedio nacional de pensión es de apenas 7 mil pesos.

Este contraste no es solo injusto, es insultante. Es una bofetada al esfuerzo de millones de trabajadores que lo dieron todo por su país y que hoy sobreviven con ingresos que apenas alcanzan para cubrir lo básico. Y peor aún: muchos de los beneficiarios de estas pensiones descomunales son ex empleados de confianza, es decir, personal de alto nivel que sirvió a las élites del periodo neoliberal y que, en muchos casos, trabajaron muy poco tiempo.

En Pemex, la situación también resulta escandalosa: 15 personas cobran más de 340 mil pesos mensuales, mientras 544 reciben más que la presidenta de la República. Estas cifras evidencian que los privilegios del viejo régimen siguen vivos en ciertos sectores, a pesar de los esfuerzos de la 4T por erradicarlos.

Frente a este panorama, la presidenta Sheinbaum ha sido contundente: se analizan cambios constitucionales para terminar con este abuso histórico. Su gobierno revisa la legalidad de estas pensiones millonarias y se compromete a poner fin a un sistema que favorece a unos pocos mientras condena a la mayoría.

La Cuarta Transformación no solo es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y en ese sentido, la lucha contra las pensiones doradas es una lucha por la dignidad del pueblo. No se trata de venganzas políticas, sino de justicia social. No es resentimiento, es equidad. Es corregir las aberraciones del pasado para garantizar un futuro más justo.

También es fundamental recordar que muchos trabajadores de LyFC quedaron en el abandono cuando Felipe Calderón extinguió esta empresa pública de forma arbitraria y autoritaria, dejando en el desempleo a cerca de 45 mil personas. Mientras tanto, quienes diseñaron y ejecutaron estas políticas siguen disfrutando del presupuesto nacional como si fueran reyes sin corona.

La desigualdad que se construyó durante el periodo neoliberal no fue casualidad: fue una estrategia deliberada para enriquecer a una minoría a costa del esfuerzo colectivo. Hoy, con el liderazgo firme de Claudia Sheinbaum y la continuidad de los principios de la Cuarta Transformación, México tiene una oportunidad histórica de corregir este rumbo y construir un país en el que el retiro no sea un privilegio, sino un derecho digno para todos.

Las reformas que se avecinan deben ser profundas y valientes. La presidenta ha dejado claro que no se permitirán más excesos, y que cada peso del presupuesto debe estar al servicio del pueblo, no de las cúpulas doradas. Con voluntad política y apoyo popular, México puede convertirse en ejemplo de justicia previsional en América Latina.

Ya no más simulaciones. Ya no más privilegios heredados del neoliberalismo rapaz. Hoy, millones de mexicanos saben que tienen un gobierno que los defiende, que está dispuesto a ponerle un alto al saqueo institucional y a recuperar el sentido de comunidad y justicia que el país merece.

La revisión a fondo de estos regímenes especiales de pensiones no es solo necesaria: es urgente. Y con el respaldo ciudadano, es posible. La transformación ya está en marcha, y aunque los poderes fácticos se resistan, el México del bienestar avanza con paso firme hacia un futuro donde nadie tenga pensiones millonarias por haber servido al poder, pero todos puedan tener una pensión digna por haber servido a su país.

La Cuarta Transformación llegó para quedarse. Y con ella, el pueblo de México ya no está solo frente a la corrupción institucionalizada. La justicia social dejó de ser una consigna para convertirse en una realidad.