Justicia selectiva: el nuevo chantaje contra México

En medio de una tormenta mediática y judicial fabricada al gusto de las élites estadounidenses, el sistema político mexicano ha sido arrastrado, una vez más, al banquillo de los acusados por una justicia que, más que ciega, es selectivamente miope. Esta vez, la acusación viene adornada por las confesiones de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, quien, convenientemente, ha decidido declarar ante una corte de Estados Unidos su largo historial criminal y corruptor, señalando a políticos, militares y policías de todos los niveles. Todo esto, claro, bajo el cálido resguardo de un sistema judicial gringo que transforma narcotraficantes en instrumentos de presión política y mediática.

Pero el objetivo no es sólo la justicia —que en Estados Unidos suele confundirse con geopolítica imperial—, sino un ataque frontal al proceso de transformación social más profundo que ha vivido México en las últimas décadas: la Cuarta Transformación. Las declaraciones del Mayo, recogidas con reverencia por fiscales del trumpismo y presentadas como revelación divina en Nueva York, han sido utilizadas como combustible para reactivar la vieja maquinaria intervencionista y desestabilizadora de Washington, apoyada con entusiasmo por una oposición mexicana sin proyecto ni moral, desesperada por encontrar en los tribunales extranjeros lo que no puede ganar en las urnas.

Pam Bondi, fiscal abiertamente trumpista y exfuncionaria del gabinete halcón del magnate naranja, se ha convertido en vocera de esta cruzada disfrazada de legalidad. Ella misma agradeció públicamente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la colaboración en la entrega de capos a Estados Unidos. Pero su fraseo, ambiguo y calculadamente provocador, deja entrever una narrativa más peligrosa: la pretensión de que México ha aceptado una cesión de soberanía judicial, permitiendo que capos como El Mayo sean “extraídos” sin que los pueblos de ambos países sepan con exactitud cuándo, cómo y bajo qué acuerdos ocurrió tal entrega. La Casa Blanca juega al silencio estratégico; México exige respuestas como quien cumple con una formalidad diplomática.

Es imperativo señalar que la supuesta confesión del Mayo no discrimina entre colores partidistas. Su estela corruptora, según él mismo, habría alcanzado durante medio siglo a políticos, mandos militares y policías de todos los partidos: PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y, por supuesto, también menciona a Morena. Pero ¿qué significa esto realmente? Significa que el narco ha sobrevivido y se ha desarrollado al amparo de un sistema político podrido desde el siglo pasado, nutrido por gobiernos corruptos, de corte neoliberal, entreguistas y profundamente desinteresados en el bienestar popular.

Felipe Calderón, por ejemplo, desató una supuesta “guerra contra el narco” que en realidad sirvió para encubrir pactos oscuros con grupos criminales, mientras llenaba de sangre y luto al país. Vicente Fox, por su parte, ha sido defensor público de personajes como Genaro García Luna, hoy juzgado en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. ¿Y qué decir de Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio estuvo plagado de escándalos de corrupción, encubrimientos y omisiones frente al crimen organizado? Las declaraciones del Mayo bien podrían servir para desenmascarar a estos verdaderos arquitectos de la narcopolítica mexicana, pero en la “justicia” gringa ya no hay apetito por esos nombres: no causan interés en la Bolsa de Valores Chantajistas.

Es revelador, también, lo que no se menciona. En el relato gringo de la narcopolítica, los villanos están siempre de este lado de la frontera. No hay jueces estadounidenses corrompidos, no hay agentes de la DEA coludidos, no hay empresarios ni banqueros de Wall Street lavando miles de millones de dólares del narco. No hay consumidores, aunque sin ellos no existiría ni el negocio ni la violencia que nos azota. Estados Unidos nunca ha querido ver la mitad de su responsabilidad: el mercado que mantiene viva la maquinaria del crimen trasnacional está en sus calles, en sus universidades, en sus suburbios.

Y es ahí donde este nuevo episodio adquiere su verdadera dimensión: El Mayo Zambada, el “colaborador” de lujo que se presenta ante el sistema judicial estadounidense como una suerte de oráculo del crimen, no es más que una moneda de cambio. Es una herramienta con la que Washington busca presionar, condicionar e incluso chantajear al gobierno de la Cuarta Transformación. Si hay cooperación, si se ceden intereses nacionales, si se aceptan reformas que faciliten la intervención, entonces la “justicia” podrá suavizarse. Si no, el tentáculo estadounidense se endurece, filtra nombres, lanza acusaciones, promueve el caos.

Por eso no es casual que los opositores al gobierno de Sheinbaum —los mismos de siempre, los de Xóchitl, los del PRIANRD, los de Movimiento Ciudadano— celebren con entusiasmo cada palabra que sale de las cortes gringas. Se frotan las manos con la ilusión de ver a líderes de la 4T perseguidos judicialmente, como si la justicia estadounidense fuera un tribunal divino. Construyen listas de acusados, sueñan con extradiciones, y hasta apuestan en sus tertulias a quién le llegará primero el castigo. Pero lo que hacen, en realidad, es traicionar la soberanía nacional, pedir que una potencia extranjera haga lo que ellos no han logrado por medios democráticos.

Lo realmente preocupante es que este juego de manipulaciones pueda derivar en negociaciones secretas donde México termine cediendo lo que ha costado tanto recuperar: independencia, dignidad, control de sus decisiones. En nombre de la “cooperación” se han entregado capos, sí, pero también se ha violado la Constitución y se ha ignorado la voluntad del pueblo. El gobierno de Sheinbaum debe mantenerse firme en la defensa de la soberanía nacional, evitando que la presión judicial se convierta en una palanca de dominación extranjera.

Hoy más que nunca, es vital que el pueblo de México se mantenga informado y consciente del verdadero trasfondo de estas operaciones. No se trata de justicia, se trata de geopolítica, de control, de la eterna tentación imperialista de intervenir en los asuntos internos de un país que ha decidido cambiar su destino. La Cuarta Transformación representa ese cambio: una ruptura con la vieja política, un rechazo al modelo neoliberal, una apuesta por la justicia social. Por eso les incomoda, por eso intentan frenarla desde fuera.

Pero también hay una lección en todo esto: ningún país puede depender de la justicia ajena para resolver sus problemas internos. La verdadera transformación debe continuar con más fuerza, consolidando instituciones honestas, erradicando la corrupción heredada, fortaleciendo el Estado de derecho desde una visión soberana. México no puede ser rehén de declaraciones fabricadas en cortes extranjeras ni de fiscales que operan al ritmo de las elecciones gringas.

La historia nos ha enseñado que la dignidad nacional no se negocia. Que cada vez que se ha permitido la injerencia extranjera en nombre de la justicia o la democracia, se ha terminado pagando un precio demasiado alto. Hoy, frente a esta nueva ofensiva judicial disfrazada de legalidad, es momento de cerrar filas en torno a la soberanía, a la verdad y a la defensa del proyecto nacional que encabeza Claudia Sheinbaum.

Porque a pesar de los ataques, las filtraciones, las calumnias y los juicios selectivos, la transformación de México sigue firme. Y no hay confesión manipulada ni fiscal trumpista que pueda detener el mandato de un pueblo decidido a cambiar su historia.