Justicia restaurativa en Tabasco: FGR logra resolución definitiva por negligencia médica
Ciudad de México. En un hecho que subraya el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos humanos y la justicia para las víctimas, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), logró una resolución definitiva en favor de los familiares de una víctima que falleció a causa de una negligencia médica ocurrida en un hospital del sector público en el estado de Tabasco.
El caso, que pone de relieve la importancia de la ética y la responsabilidad en el ejercicio del servicio público, involucra a Gustavo Alberto Alegría Domínguez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público agravado y responsabilidad profesional médica. Conforme a lo señalado por la Fiscalía, el imputado ordenó de manera precipitada el alta médica de una paciente, incumpliendo con su deber profesional y provocando un desenlace fatal.
Lo más grave del caso es que Alegría Domínguez no contaba con el título ni la cédula profesional de la especialidad médica correspondiente al área donde ocurrieron los hechos, lo que agrava su responsabilidad y pone en evidencia un actuar negligente y contrario a los principios del servicio público. Esta situación representa una seria falta de ética profesional, además de un riesgo inaceptable para la vida de los pacientes que dependen de la atención médica en instituciones públicas.
La FEMDH, en apego al marco legal vigente y priorizando el acceso a la justicia para las víctimas, logró que el imputado fuera vinculado a proceso, y posteriormente se acogiera a un mecanismo alterno de solución de controversias. Este proceso permitió alcanzar una reparación integral del daño, garantizando medidas restaurativas en favor de los familiares de la víctima directa, lo que representa un paso importante hacia la reconstrucción del tejido social y la restauración de la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
Este caso marca un precedente relevante en la lucha contra la impunidad en el sector salud, y refleja los esfuerzos permanentes del Gobierno de México para asegurar que ningún servidor público quede exento de rendir cuentas por actos que atenten contra la vida y los derechos fundamentales de las personas.
La Fiscalía General de la República, en coordinación con su Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, continúa trabajando incansablemente para que cada caso de violación a los derechos humanos sea atendido con responsabilidad, sensibilidad y pleno apego a la ley. Este resultado reafirma el compromiso del Estado mexicano de garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas, y consolida el camino hacia un país más justo y con instituciones al servicio de su pueblo.