Justicia para Esmeralda: Derechos Humanos condena fallas de la Fiscalía de Querétaro en caso de aborto espontáneo
La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió la recomendación (270)11/2024 en contra de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGJQ) y el Instituto de la Defensoría Penal Pública (IDP) por su gestión inadecuada en el caso de Esmeralda, una adolescente de 14 años que enfrentó cargos de homicidio tras un aborto espontáneo derivado de una violación sexual. En lugar de investigar y sancionar al violador, las autoridades buscaron criminalizar a la menor, lo que desató indignación y un fuerte llamado a garantizar perspectiva de género y derechos de las víctimas.
Fallas graves en la atención del caso
De acuerdo con la DDHQ, el caso de Esmeralda expuso graves anomalías en las actuaciones de la FGJQ y del IDP, que ignoraron principios básicos de justicia y derechos humanos. La recomendación ordena a la Fiscalía indemnizar a la niña y su familia, registrarlos como víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas y proporcionarles medidas de rehabilitación, incluyendo atención médica y psicológica.
Además, se exige iniciar procedimientos administrativos contra los funcionarios responsables y capacitar obligatoriamente al personal de ambas instituciones en temas de perspectiva de género, derechos de las mujeres y derechos de la infancia, para evitar que situaciones similares se repitan.
Impunidad para el agresor
El colectivo Adax Digitales, encabezado por la activista Mayra Dávila, denunció que las irregularidades en el manejo del caso permitieron que el violador de Esmeralda quedara virtualmente exonerado, a pesar de que pruebas genéticas confirmaron su paternidad. La FGJQ no continuó con la investigación, no lo vinculó a proceso y cerró el caso con un “no ejercicio de la acción penal”.
Dávila criticó que la Fiscalía mostró más interés en criminalizar a Esmeralda que en garantizar justicia. “No se le brindó respaldo jurídico adecuado, ni acompañamiento psicológico, y se omitió investigar a fondo las circunstancias de la violación. Esto evidencia una falta de perspectiva de género y sensibilidad hacia los derechos de las mujeres y niñas”, señaló.
Evidencia científica que refuta la acusación
El fiscal Víctor Antonio de Jesús había sostenido que el producto de la gestación nació vivo y fue estrangulado, basándose en un dictamen médico que señalaba una supuesta mecánica de lesiones. Sin embargo, un metadictamen pericial elaborado por expertos en patología forense determinó que el feto murió por hipoxia fetal crónica, asociada a malformaciones congénitas, antes del nacimiento. Esta evidencia confirmó que se trató de un aborto espontáneo, lo que refuta la versión inicial de la Fiscalía.
Responsabilidad institucional
La Defensoría señaló que la criminalización de Esmeralda refleja un profundo desconocimiento de los derechos humanos por parte de la FGJQ y del IDP. Entre las acciones ordenadas, destaca la inscripción de Esmeralda y su familia en el Registro Estatal de Víctimas y la apertura de investigaciones administrativas contra los funcionarios responsables.
Además, la DDHQ emitió otra recomendación (269)10/2024 contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por violaciones a los derechos de integridad y protección a la salud de otra persona detenida. Estas resoluciones suman 11 recomendaciones emitidas por la Defensoría en 2024, reflejando su compromiso con la restitución de derechos.
Un llamado a la justicia y la equidad
Ante la presión pública y las evidencias que refutaron las acusaciones, la Fiscalía retiró los cargos contra Esmeralda. Sin embargo, el caso deja al descubierto la necesidad urgente de transformar las instituciones encargadas de la justicia en Querétaro. La criminalización de víctimas, en lugar de agresores, no solo perpetúa la impunidad, sino que revictimiza a quienes deberían ser protegidos.
Este caso se convierte en un recordatorio de que la justicia debe estar guiada por principios de equidad, perspectiva de género y defensa de los derechos humanos, especialmente cuando se trata de proteger a las niñas y mujeres más vulnerables.