Justicia para el pueblo, no para los poderosos

Este domingo, México enfrentará una jornada electoral crucial que puede marcar un parteaguas en la historia de la justicia nacional. La elección relacionada con el Poder Judicial ha sido descalificada por los voceros de la derecha, que como siempre se atrincheran en la confusión para esconder sus verdaderos intereses: mantener intactos los privilegios de una élite que ha utilizado la ley como escudo y arma, jamás como un medio de justicia social.

La derecha, encabezada por figuras como Xóchitl Gálvez y sus aliados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ha desatado una campaña de desinformación, repitiendo una y otra vez que la reforma judicial es “difícil de entender”, como si el pueblo de México careciera de la capacidad de discernir. La realidad es otra: lo que les resulta difícil de aceptar es que por primera vez en la historia reciente, el poder que ellos utilizaron para proteger corruptelas y atropellos estará ahora al servicio del pueblo.

En el centro de esta transformación se encuentra el Tribunal de Disciplina Judicial, una institución clave de la nueva arquitectura legal que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este órgano reemplazará al inservible Consejo de la Judicatura, un aparato burocrático que sirvió durante años como tapadera de los jueces que abusaban de su autoridad. Fue un escudo para una camarilla que convirtió la justicia en mercancía y que actuaba con total impunidad.

Cinco lugares estarán en juego en este tribunal, con 38 aspirantes: 20 mujeres y 18 hombres. Esta paridad de participación representa también un mensaje poderoso: la transformación también es feminista, también es incluyente. Entre los nombres destaca el de Verónica de Gyves, una jurista de amplia trayectoria, así como el de Bernardo Bátiz, cuya lucha por una justicia verdaderamente humana es innegable. Bátiz, procurador de Justicia durante el mandato de López Obrador en el entonces Distrito Federal, es testimonio viviente de compromiso con las causas del pueblo.

Pero el Tribunal no es el único frente en esta transformación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también está en el centro del debate. Durante años, esta institución dejó de ser un pilar de justicia para convertirse en un bastión del neoliberalismo. Los ministros se alejaron del pueblo, sus fallos protegieron a los poderosos y sus privilegios insultaron al México profundo. Era una “Suprema Corte de injusticia”, como muchos ya la llaman.

Hoy, la postulación de tres mujeres para continuar en la Corte y eventualmente presidirla —Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz— representa la oportunidad de acabar con esa etapa de sometimiento del derecho al interés económico y político de unos cuantos. Lenia Batres, aunque cuestionada por sus detractores, encarna la voluntad de cambiar el rostro elitista de la Corte. Su cercanía con Martí Batres ha sido utilizada como argumento en su contra, sin entender que el verdadero cuestionamiento debería ser por qué antes el apellido correcto bastaba para obtener un puesto, mientras que ahora, con formación y mérito, se les pretende descalificar.

Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel han sido blanco de críticas por parte de la misma derecha que calló ante los excesos de ministros como Eduardo Medina Mora o Arturo Zaldívar, quienes protegieron intereses empresariales y autorizaron injusticias sistemáticas. Las objeciones a su permanencia deben resolverse con el voto, con la decisión democrática y no con la descalificación mediática.

Lo que no puede pasar es que se frene esta reforma por berrinches de la derecha. La transformación judicial no sólo es necesaria, es urgente. Durante décadas, los tribunales se convirtieron en castillos inaccesibles, donde los jueces se creían por encima de la ley, blindados por una red de impunidad tejida por el neoliberalismo. El pueblo no podía aspirar a una justicia rápida ni justa, porque la justicia tenía precio y era monopolio de quienes podían pagarla.

Por eso la reacción conservadora está tan alterada. Saben que se acerca el fin de sus privilegios. Por eso convocan a marchas de protesta, financiadas —como siempre— con dinero opaco y muchas veces extranjero, tratando de simular una “indignación ciudadana” que en realidad es la desesperación de quienes perdieron el control del sistema judicial.

La derecha quiere disfrazar sus intenciones de legalismo. Dicen que defienden la Constitución, pero olvidan que fueron ellos quienes la reformaron para entregar el país al capital extranjero, para privatizar los recursos, para desmantelar el Estado. Dicen que quieren independencia judicial, pero callaron cuando los ministros actuaban como empleados del gran capital. Dicen que temen por la democracia, pero jamás alzaron la voz cuando millones de mexicanos no tenían acceso ni a un defensor público.

Afortunadamente, el pueblo no es ingenuo. Este domingo, millones de mexicanos votarán con la memoria de los agravios y con la esperanza de que la justicia deje de ser un privilegio. La elección no será sencilla, porque los adversarios del cambio son poderosos y tienen a su servicio medios, dinero y viejos aliados en la burocracia judicial. Pero la convicción de una nación harta de abusos es más fuerte.

La transformación del Poder Judicial es el último bastión que necesita ser democratizado. El Legislativo y el Ejecutivo ya están alineados con los intereses del pueblo gracias a la voluntad ciudadana que llevó a la presidencia a López Obrador en 2018 y que ahora respalda a Claudia Sheinbaum para consolidar la Cuarta Transformación. El Poder Judicial no puede seguir siendo un feudo intocable, dirigido por y para una minoría. Debe integrarse al proceso histórico que vive México.

La derecha podrá gritar, podrá marchar, podrá gastar millones en publicidad, pero no podrá detener la historia. Porque el pueblo ha despertado. Porque ya no basta con votar cada seis años; ahora se exige rendición de cuentas, ética, justicia social y un país que funcione para todas y todos.

Este domingo no sólo se elige a quienes juzgarán a los jueces. Se elige entre dos visiones de país: una donde la ley sirve a los intereses del pueblo, y otra donde la ley protege a los intocables. Una donde la justicia llega a todos los rincones, y otra donde sólo los ricos tienen acceso a ella. Una donde México se transforma, y otra donde todo sigue igual. La decisión, como siempre, estará en manos del pueblo. Y el pueblo, ya lo sabemos, no se equivoca.