Justicia laboral protege a trabajador herido y exige su reinscripción al IMSS
En un importante precedente para la protección de los derechos laborales y la seguridad social en México, el Décimo Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Naucalpan, Estado de México, emitió medidas cautelares en favor de un trabajador que fue despedido injustificadamente tras sufrir un grave accidente de trabajo con arma de fuego. La resolución obliga al patrón a reinscribir al empleado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y garantizar el acceso a todas las prestaciones que por ley le corresponden.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el procedimiento ordinario laboral 453/2025 fue promovido por el trabajador después de que, en plena recuperación por lesiones derivadas de una agresión armada, fuera notificado de la terminación de su relación laboral. El empleado, que manejaba un tractocamión, presentó ante el tribunal informes médicos y constancias de incapacidad temporal que acreditan una recuperación estimada de 174 días. A pesar de ello, su patrón argumentó que “no se veía bien para seguir manejando un tracto camión”, y procedió con el despido.
El juzgador, tras un análisis detallado de la evidencia, concluyó que hay indicios razonables de que el despido fue motivado por la condición de salud del trabajador, derivada de un accidente laboral. Lo anterior constituye, según el tribunal, una posible violación a los derechos humanos, particularmente al derecho a la seguridad social, consagrado en la Constitución Mexicana.
En consecuencia, el Tribunal Laboral otorgó una medida cautelar para evitar que el trabajador sea dado de baja del IMSS durante el proceso judicial. Ordenó al empleador que, en un plazo máximo de tres días a partir de la notificación, reinscriba al trabajador en el IMSS, garantice su acceso a las prestaciones médicas y económicas del régimen de seguridad social, y se abstenga de darlo de baja mientras dure el juicio.
Asimismo, el tribunal requirió al IMSS a que asegure que el trabajador mantenga o recupere su estatus como derechohabiente, con el fin de que continúe recibiendo la atención médica y los beneficios económicos que le corresponden conforme a la ley. En caso de incumplimiento, tanto el patrón como las autoridades del IMSS podrían enfrentar sanciones.
Este fallo refleja el compromiso del Poder Judicial y de las instituciones del Estado mexicano con la justicia social, la protección del trabajador y el fortalecimiento del acceso efectivo a los derechos fundamentales, como lo es la seguridad social. En un país donde los derechos laborales son una prioridad del gobierno federal, decisiones como esta marcan un paso firme hacia un entorno laboral más justo e inclusivo.