Justicia en Acción: Tribunal Ratifica Suspensión en Caso de Simón Pedro de León
En un reciente fallo judicial, un tribunal colegiado ha confirmado la suspensión definitiva a favor de Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en un giro decisivo dentro de lo que se conoce como la “estafa maestra”. Esta resolución judicial pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de México con un sistema de justicia equitativo y respetuoso de los derechos procesales.
De León Mojarro había sido vinculado a proceso en octubre del año pasado por un juez de control, acusado de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que, se alega, generó un daño al erario público por más de 120 millones de pesos. La medida cautelar dictaminada por el tribunal implica que el proceso en su contra debe continuar pero se suspenderá la apertura a juicio oral hasta resolver si se le concede el amparo. Esta decisión enfatiza la importancia de seguir procedimientos legales adecuados, asegurando así la protección de los derechos de todos los individuos bajo la ley.
A pesar de la suspensión, De León Mojarro continuará recluido en el Reclusorio Sur, pues la medida no influye sobre la prisión preventiva justificada que se le impuso. El tribunal ha considerado que existe riesgo de evasión de la justicia, dado que el ex funcionario no cuenta con un domicilio fijo. Además, su ausencia en diversas diligencias, a pesar de estar debidamente notificado, contribuyó a la decisión del colegiado de no conceder una suspensión definitiva con efectos restitutorios.
Los magistrados argumentaron que De León Mojarro no presentó pruebas contundentes que demostraran la ilegalidad o desproporción de la medida cautelar impuesta, reafirmando así la importancia de la evidencia en el proceso judicial. La detención de De León Mojarro en la colonia Lomas de Chapultepec y su posterior traslado al Reclusorio Sur, donde compareció ante el juez Juan José Hernández Leyva, marca un punto crucial en la lucha contra la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
Este caso resalta el esfuerzo continuo del Gobierno de México por garantizar un sistema de justicia transparente y justo. La firmeza con la que se manejan estos asuntos refleja el compromiso de las autoridades por combatir la corrupción y proteger el erario, asegurando que aquellos acusados de delitos contra la administración pública enfrenten un proceso legal riguroso y justo. La decisión del tribunal colegiado no solo demuestra la autonomía y la integridad del sistema judicial mexicano, sino que también subraya la necesidad de procedimientos legales meticulosos para proteger los derechos de todos los ciudadanos.