Justicia a Debate: El Caso de Atizapán y la Absolución Controvertida
En un giro de eventos que ha capturado la atención nacional, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, adscrito a los juzgados del penal de Barrientos en Tlalnepantla, ha generado un intenso debate tras la absolución de Alejandro N, acusado de agresión sexual contra una menor de tan solo 4 años de edad en Atizapán de Zaragoza. Este fallo, emanado el pasado 15 de febrero, ha desencadenado una ola de indignación, particularmente después de que se difundiera un video en redes sociales donde la madre de la víctima confronta al juez por la decisión, basándose en la incapacidad de la niña para precisar la hora y el lugar del ataque cometido en 2022.
La decisión judicial, argumentada por Martínez Vitela por falta de evidencia concreta, resalta la complejidad de casos involucrando a menores y la rigurosidad probatoria requerida en procesos legales. A pesar de reconocer el “tocamiento”, el juez señaló la ausencia de detalles específicos como la ubicación y el tiempo exacto del incidente, elementos considerados cruciales para sustentar la acusación.
El video, difundido por Hermanas Aliadas AC, muestra un intercambio emocionalmente cargado entre la madre de la víctima y el juez, donde se cuestiona la credibilidad otorgada al testimonio de la menor y la interpretación de las pruebas presentadas, incluidos los peritajes que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), corroboran la agresión.
Ante la controversia, el Poder Judicial estatal ha salido en defensa del fallo, subrayando la exhaustiva evaluación de las pruebas y testimonios, incluyendo los proporcionados por los abuelos de la menor y el acusado, que detallaron sus ubicaciones y actividades durante el día de la supuesta agresión. Este análisis, según el comunicado, no permitió reconstruir de manera fidedigna los hechos aseverados, llevando a la absolución del acusado.
La respuesta institucional enfatiza la posibilidad de impugnar la sentencia en segunda instancia, subrayando que la decisión de Martínez Vitela no es definitiva y recalca el compromiso del sistema judicial con el tratamiento serio y responsable de este caso. La situación subraya el desafío de equilibrar el derecho a la defensa del acusado con el interés superior de la niñez, un principio que debe guiar pero también desafiar a la justicia en su búsqueda de verdad y equidad.
La polémica ha puesto de manifiesto la necesidad de un debate más amplio sobre los estándares probatorios en casos de abuso sexual infantil, la interpretación judicial frente a la vulnerabilidad de las víctimas menores y el imperativo de proteger los derechos de los niños y niñas frente a la rigidez del sistema legal. Mientras la discusión continúa, la sociedad mexicana se encuentra ante un momento crítico para reflexionar sobre los valores que desea que su sistema de justicia promueva y proteja.