Juez Protege Memoriales de Desaparecidos en CDMX
Ciudad de México — En una decisión judicial crucial, la Juez Minerva Herlinda Mendoza Ruiz del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ha otorgado la suspensión definitiva que protege cuatro memoriales de personas desaparecidas, previamente retirados de las inmediaciones de Palacio Nacional. Esta medida cautelar busca prevenir la destrucción de los memoriales por parte del gobierno federal, garantizando así su conservación.
Los memoriales, que incluyen estructuras de metal con fotografías de personas desaparecidas, habían sido instalados entre enero y marzo por familiares de las víctimas, pero fueron removidos por personal militar. La acción judicial responde a una demanda de amparo presentada por los familiares, quienes argumentaron que el desalojo de estos memoriales violaba sus derechos humanos, incluidos los derechos a la memoria, la protesta y la manifestación, además de la legalidad y seguridad jurídica.
La juez Mendoza Ruiz, al otorgar la suspensión provisional el pasado 15 de abril y ahora la suspensión definitiva, ha subrayado la necesidad de que las autoridades se abstengan de destruir los memoriales y se encarguen de su adecuado resguardo. Estos están ubicados específicamente en la jardinera entre la calle Seminario y José María Pino Suárez, cerca de Palacio Nacional.
Esta medida también refleja un reconocimiento judicial hacia la importancia de la memoria y la protesta pública en casos de desapariciones, considerando los argumentos previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la restricción de derechos al exigir permisos para tales actos de memoria y protesta.
El gobierno federal tiene la opción de impugnar esta decisión, lo que llevaría el caso a un tribunal colegiado en materia administrativa, que tendría que decidir si confirma, modifica o revoca la determinación de la juez.
Esta resolución no solo es un paso adelante en la lucha por los derechos de las familias de los desaparecidos, sino que también enfatiza la responsabilidad del Estado en garantizar y respetar los derechos humanos relacionados con la memoria y la protesta pública.