Juez Federal sanciona a comités de evaluación por desacato en Michoacán
El Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, bajo la dirección del juez Sergio Santamaría, aplicó una multa de un millón 75 mil 700 pesos a los diez integrantes de los comités de evaluación de candidatos judiciales del Poder Ejecutivo y Legislativo. La sanción responde al incumplimiento de una suspensión definitiva concedida contra el proceso electoral extraordinario 2025 para diversos cargos.
El Comité del Ejecutivo está integrado por Arturo Zaldívar, Vanessa Romero Rocha, Mary Cruz Cortés Ornelas, Isabel Inés Romero Cruz y Javier Quijano Baz. Por su parte, el Comité del Legislativo está conformado por Madai Merino Damián, Andrés Norberto García Réper, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres.
De acuerdo con el juez Santamaría, los integrantes de estos comités incurrieron en “una franca usurpación política de la función judicial que no tienen asignada y en un claro desprecio al estado de Derecho”. Esta conducta, según el magistrado, los llevó a tomar decisiones de forma unilateral sin acatar el mandato emitido por el órgano de control constitucional.
La multa individual impuesta a cada uno de los sancionados equivale a mil unidades de medida y actualización, es decir, 107 mil 570 pesos. Este castigo se fundamenta en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, tras advertencias realizadas desde el 20 de diciembre de 2024.
Entre las razones para imponer esta medida, el juez mencionó la reiterada negativa de los integrantes de los comités a cumplir con las acciones ordenadas, así como la continuidad ilegal del proceso de selección de aspirantes al proceso electoral extraordinario. También destacó que dicha actuación pone en riesgo los derechos humanos de los integrantes de la asociación civil que interpuso la queja, además de exponer al erario público a pérdidas económicas significativas, pues una elección potencialmente inválida podría costar miles de millones de pesos.
El juez enfatizó que los sancionados cuentan con conocimientos jurídicos suficientes y fueron elegidos para evaluar a quienes aspiran a los más altos cargos en la impartición de justicia en el país. Sin embargo, señaló que estas personas “han decidido, por sí y ante sí mismas, no cumplir con el mandato emitido”.
Esta situación refleja un claro desafío a las disposiciones del estado de Derecho, lo que ha motivado la imposición de las sanciones económicas. El juez Santamaría subrayó la gravedad de la conducta de los comités al señalar que sus acciones no solo usurpan funciones ajenas, sino que también atentan contra la legalidad de un proceso que afecta directamente la estabilidad del sistema judicial mexicano.
La resolución marca un precedente importante en la defensa del estado de Derecho y la responsabilidad de las instituciones públicas en acatar las decisiones judiciales. En un momento crucial para la vida democrática del país, este fallo refuerza la necesidad de salvaguardar la transparencia y legalidad en los procesos electorales y judiciales.