Jueces y magistrados exigen pago de indemnizaciones tras declinar elección judicial
Ciudad de México.— En un gesto de defensa institucional y respeto al estado de derecho, más de 200 magistrados de circuito y jueces de distrito que decidieron no participar en la inédita elección judicial del próximo 1° de junio, han solicitado formalmente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asegurar el cumplimiento de las indemnizaciones establecidas por ley para quienes renunciaron o solicitaron su pensión tras la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
En una petición conjunta, los impartidores de justicia solicitaron al CJF individualizar la cuantificación de sus indemnizaciones constitucionales, expedir las constancias de reconocimiento por su servicio y publicar un listado oficial de los juzgadores que declinaron participar en las elecciones judiciales extraordinarias previstas para 2025 y 2027. Esta medida busca garantizar transparencia y certeza sobre los derechos adquiridos por quienes han servido al país con probidad y profesionalismo.
El objetivo central de esta demanda es consolidar los montos que deberán cubrirse por parte del Gobierno de México como indemnización, ya que la reforma impide a los juzgadores destituidos ejercer su profesión por un periodo de dos años, limitando gravemente su ejercicio profesional.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), integrada por personal jubilado del PJF, expresó su preocupación por el intento de algunos actores políticos de apropiarse de los fondos originalmente destinados para estas indemnizaciones, sin observar lo establecido en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024.
Este artículo establece con claridad que los pagos por indemnización, gastos médicos, y prestaciones laborales —incluyendo tres meses de salario integrado, 20 días por año trabajado, vacaciones y primas vacacionales— deben cubrirse con los recursos provenientes de los fideicomisos del PJF. Sin embargo, dichos fondos fueron transferidos de forma irregular por Nacional Financiera a la Tesorería de la Federación, sin la instrucción del CJF, que fungía como fideicomitente.
La Jufed denunció que esta acción viola los contratos correspondientes y se realizó a pesar de que existen suspensiones vigentes, decretadas en juicios de amparo, que impedían dicha entrega. Por ello, llamaron a respetar la legalidad y la Constitución, y a garantizar que las condiciones de retiro e indemnización se cumplan en los términos establecidos por la ley.
Este pronunciamiento se da en un contexto de alta tensión institucional, a tan solo días del ejercicio electoral que redefinirá el rostro del Poder Judicial, y que ha sido criticado por múltiples sectores por la falta de garantías jurídicas, la politización del proceso y los riesgos para la autonomía judicial.
La postura de estos más de 200 jueces y magistrados subraya la necesidad de una transición responsable y con pleno respeto a los derechos laborales y constitucionales de quienes han consagrado su vida al servicio de la justicia. El llamado es claro: que la reforma no se convierta en una herramienta de castigo, sino en un proceso genuino de fortalecimiento institucional.