Judicatura Federal garantiza indemnizaciones y pensiones para jueces y magistrados en medio de cambios legales
Con más de 9,690 millones de pesos en tres fideicomisos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asegura los pagos de indemnización a 464 magistrados y 349 jueces de distrito que han decidido renunciar a sus cargos ante la reciente reforma judicial y la perspectiva de la elección de juzgadores por voto popular, prevista para junio de 2025. Según fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF), estos recursos también permitirán cubrir solicitudes de pensión de más de 200 juzgadores con 55 años de edad o más y al menos 25 años de servicio, quienes buscan concluir su carrera en la Judicatura bajo esquemas de retiro.
Los fideicomisos del CJF, creados para respaldar a magistrados y jueces retirados, incluyen el 80692, dedicado a pensiones complementarias, y el 80694, que provee apoyos médicos complementarios y ayuda económica extraordinaria para empleados del PJF, exceptuando a aquellos que trabajan directamente en la Suprema Corte. Otro fideicomiso, el 80695, es utilizado para desarrollar infraestructura judicial que facilite la implementación de reformas constitucionales en materia de justicia federal.
El fideicomiso 80693, que financia el mantenimiento de casas-habitación para magistrados y jueces, opera de manera diferente al estar sustentado en recursos privados, obtenidos mediante aportaciones descontadas en nómina a los beneficiarios. Este instrumento permite que, cuando un juez o magistrado es transferido fuera de su lugar de residencia habitual, pueda habitar en una vivienda temporal cuya manutención está parcialmente cubierta con estas contribuciones personales.
Ante los cambios en la estructura judicial, el CJF ha facilitado dos vías para que los impartidores de justicia puedan finalizar su relación laboral y acceder a recursos financieros. La primera es la indemnización, un pago único calculado según los años de servicio, el salario y otros beneficios acumulados por cada juez o magistrado. Este mecanismo se dirige a quienes deciden presentar su dimisión y optar por la indemnización sin acogerse a la pensión vitalicia.
La segunda vía es la pensión, gestionada a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Para acceder a esta prestación, los interesados deben cumplir con el requisito de 55 años de edad y 25 años de servicio. Quienes cumplen estos criterios pueden solicitar la pensión anticipada, una prestación vitalicia que permite a los jueces y magistrados retirarse antes de la edad de jubilación ordinaria. Esta medida ha sido regulada por el CJF, según lo estipulado en un acuerdo publicado el 23 de septiembre de este año en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establecen las condiciones para el cálculo de la antigüedad de los magistrados y jueces.
Este acuerdo destaca que la antigüedad o los años de servicio de los juzgadores se calculan considerando todo el tiempo que hayan ocupado cualquier puesto jurisdiccional o administrativo dentro de los órganos del PJF. Este cómputo de antigüedad busca asegurar que quienes han servido por décadas en la Judicatura puedan retirarse con el respaldo financiero adecuado.
El respaldo del CJF a sus jueces y magistrados, mediante estos fideicomisos y sus recursos de pensión, pretende mitigar el impacto de las reformas y brindarles seguridad económica a quienes opten por retirarse en el contexto de los cambios que se avecinan en el sistema judicial del país.