Jornaleros agrícolas: por un campo más justo, humano y con derechos
Ciudad de México.– En un país donde millones de personas sostienen con su trabajo la producción agrícola, la voz de los jornaleros y jornaleras cobra fuerza para exigir condiciones dignas, salarios justos y reconocimiento pleno de sus derechos. Así lo manifestó la Alianza Campo Justo, integrada por diversas organizaciones sociales como Oxfam México y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes urgieron a reforzar las políticas públicas enfocadas en este sector históricamente invisibilizado.
Con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se estima que en México existen 2.3 millones de trabajadores agrícolas, pero la cifra real se eleva a más de 5 millones al incluir a las familias que los acompañan en sus rutas migratorias laborales, como explicó Susana Cruickshank, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas.
Durante una conferencia de prensa, se subrayó que más de 22 estados del país, especialmente Sinaloa, Sonora y Guerrero, forman parte de los circuitos de origen y destino de esta fuerza laboral. “Particularmente las mujeres jornaleras han sido excluidas de las políticas públicas, pese a que sostienen gran parte del trabajo agrícola nacional”, afirmó Cruickshank.
Por su parte, Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan, alertó sobre los múltiples rezagos que enfrenta este sector: ausencia de servicios de salud, bajos salarios, falta de prestaciones, escaso acceso a transporte público y a la educación, y un entorno inseguro, particularmente en regiones como Guerrero y Sinaloa, donde las organizaciones criminales agravan la situación de vulnerabilidad. “No existen mecanismos de protección adecuados para las jornaleras. Están en un elevado estado de indefensión”, advirtió.
En la montaña de Guerrero, más de 700 comunidades indígenas participan de esta actividad económica. Solo desde esa región, cada año migran cerca de 12 mil trabajadores agrícolas con sus familias hacia otras entidades. No obstante, muchos de ellos quedan excluidos de los programas sociales porque se les solicita documentación oficial de residencia que no poseen al estar en constante movilidad, explicó Barrera.
Isabel, una jornalera originaria de Guerrero, compartió su testimonio: gana dos pesos por cubeta recolectada, lo que la obliga a trabajar sin descanso para juntar apenas 200 o 300 pesos diarios. “Con lo caro que está todo, eso no alcanza para nada”, dijo con firmeza.
Frente a esta realidad, Alejandra Haas, directora de Movilización Pública de Oxfam México, planteó una serie de propuestas: incremento al salario de las mujeres jornaleras, inspecciones laborales más rigurosas, registro nacional de personas jornaleras, acceso a seguridad social, cotización regular de semanas trabajadas, perspectiva de género en las políticas del campo y seguros ante riesgos laborales.
El Gobierno de México, consciente de estas demandas, mantiene su compromiso de seguir transformando el campo con justicia social, igualdad y respeto a los derechos laborales. La nueva visión para el desarrollo rural debe incorporar a quienes históricamente han sido relegados, reconociendo el papel fundamental que las y los jornaleros juegan en la soberanía alimentaria y en la economía del país.
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