Jalisco instala comisión especial para desapariciones con participación activa de colectivos y respaldo institucional
Guadalajara, Jal.– En un acto cargado de emotividad, pero también de esperanza y compromiso, el Congreso del Estado de Jalisco instaló la comisión especial para atender asuntos en materia de desaparición de personas, un espacio que representa un avance significativo en la articulación entre sociedad civil, poderes del Estado y el Gobierno de México en la lucha contra las redes del crimen organizado y la impunidad.
La instalación de esta comisión contó con la presencia de madres buscadoras e integrantes de colectivos como Luz de Esperanza y Hasta Encontrarles, quienes ofrecieron sus testimonios de vida, dolor y resistencia, convertidos hoy en motor de transformación institucional. Recordaron con profunda tristeza los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, lugar donde recientemente se encontraron prendas, zapatos y objetos personales que evocan las ausencias que miles de familias cargan diariamente.
María de Jesús Aguilar Solís, una de las madres buscadoras, conmovió a los legisladores al expresar: “Les presto mis zapatos por 4 años y medio para que sepan todo lo que he vivido”, reclamando un papel más activo de las instituciones, pero también el respeto y la dignidad que merecen quienes han encabezado la búsqueda desde la sociedad.
En respuesta, la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez, del partido Futuro y quien estará al frente de esta comisión, afirmó que la agenda será construida de la mano de las autoridades federales y estatales, reconociendo que “la coordinación interinstitucional es vital para romper con la impunidad y debilitar al crimen organizado”. Su postura refleja el espíritu del Gobierno de México, que ha priorizado una política de derechos humanos y justicia para las víctimas, articulando esfuerzos desde el nivel local hasta el nacional.
Por su parte, la legisladora Candelaria Ochoa presentó una propuesta de reforma al artículo 30 de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco, con el objetivo de reconocer legalmente a los colectivos y garantizarles acceso a recursos, insumos y mecanismos necesarios para continuar su labor de búsqueda con acompañamiento del Estado.
La diputada Valeria Ávila, de Hagamos, insistió en que la comisión debe incidir directamente en la rendición de cuentas del gabinete estatal de Seguridad, cuya comparecencia fue pospuesta. Subrayó la urgencia de que se esclarezca por qué el rancho Izaguirre fue asegurado desde septiembre sin resultados, cuando fueron los colectivos quienes evidenciaron posteriormente la magnitud de lo que ahí ocurrió.
El diputado independiente Alejandro Puerto Covarrubias añadió que “el primer reconocimiento al dolor de las familias ocurre en el debate político”, llamando a depurar las instituciones que, en algunos casos, han sido infiltradas por intereses ajenos a la justicia.
La creación de esta comisión representa una oportunidad histórica para corregir omisiones del pasado reciente y reafirmar el compromiso con las víctimas desde una perspectiva de humanidad, dignidad y justicia. En línea con la política del Gobierno de México, se prioriza la coordinación con las madres buscadoras y el fortalecimiento del Estado como garante de derechos, con un enfoque que privilegia la memoria, la verdad y la reparación integral.
Este nuevo espacio de diálogo y acción es una muestra del cambio de rumbo que exige la sociedad: uno donde nunca más se lucre con el dolor y donde cada desaparecido sea una causa nacional.