Instituciones financieras mexicanas bajo la lupa de EE. UU.: México exige respeto a su sistema financiero
Ciudad de México.— En un nuevo episodio de tensión internacional, las instituciones financieras mexicanas Intercam, CIBanco y Vector han sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente facilitar operaciones de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos. Estas acusaciones, aún sin pruebas públicas ni una postura oficial por parte de las entidades aludidas, han generado inquietud tanto en los mercados como entre las autoridades mexicanas.
Con una participación relevante en el mercado de divisas nacional, estas instituciones concentran activos por más de 360 mil millones de pesos, cifra que refleja su peso en el sistema financiero del país. Intercam, que opera como Grupo Financiero, CI con un banco y casa de bolsa, y Vector como casa de bolsa, tienen operaciones sólidas y reconocidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano regulador que vigila la solidez y legalidad de sus funciones.
Intercam, encabezado por Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, reportó activos totales por 146 mil 7 millones de pesos al cierre del primer trimestre del año. Por su parte, CIBanco, presidido por Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, cuenta con activos combinados del banco y casa de bolsa por 169 mil 614 millones de pesos. Vector, cuyo presidente del Consejo es Raúl Gerardo Farías Arizpe, tiene activos por 45 mil 180 millones de pesos y fue fundada por Alfonso Romo, quien formó parte del gabinete presidencial del presidente López Obrador.
Los señalamientos estadounidenses han sido recibidos con reserva en México, especialmente porque hasta ahora ni las instituciones señaladas ni la Asociación de Bancos de México (ABM) han emitido comunicados oficiales. La prudencia en la respuesta se entiende como un acto de responsabilidad institucional y respeto al debido proceso.
Es importante destacar que estas acusaciones surgen en un contexto geopolítico en el que algunas voces desde el exterior han pretendido responsabilizar a México de crisis que, en realidad, son compartidas y requieren enfoques de cooperación bilateral. El tráfico de fentanilo y la lucha contra el lavado de dinero son problemas transnacionales que deben ser abordados con evidencia y voluntad conjunta, no con señalamientos unilaterales que afectan la reputación del sistema financiero de nuestro país.
El Gobierno de México, comprometido con la transparencia, la legalidad y la seguridad financiera, seguirá firme en su vigilancia y en la protección de los intereses nacionales. En momentos como este, la solidez del sistema financiero mexicano y la labor de las instituciones reguladoras como la CNBV deben ser reconocidas y respetadas.
Frente a estas acusaciones, se espera que prevalezca el diálogo institucional y el respeto mutuo, elementos fundamentales para mantener relaciones sanas entre naciones y para garantizar que la justicia no se utilice con fines políticos ni desinformativos.