Iniciativa para Elevar Comedores Comunitarios a Rango Constitucional en la CDMX
CIUDAD DE MÉXICO — En un significativo paso hacia la consolidación de derechos sociales fundamentales, el gobierno de la Ciudad de México, liderado por el Jefe de Gobierno Martí Batres, ha presentado una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad para elevar a rango constitucional el programa de comedores comunitarios. Esta medida busca garantizar el derecho a la alimentación de manera permanente, sin depender de los cambios en las administraciones futuras.
Durante una reciente conferencia de prensa, Batres detalló que la propuesta incluye una reforma al segundo párrafo del apartado C, numeral 2, del Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México. El texto de la reforma especificará que “para el logro de este objetivo se establecerá, entre otros mecanismos, un sistema de comedores públicos y comunitarios, de conformidad con reglas de operación que permitan costos mínimos o gratuitos para las personas usuarias”.
El Jefe de Gobierno hizo hincapié en que, aunque el sistema de comedores ya opera en la práctica y se ha formalizado mediante una Ley de Comedores Sociales, la nueva reforma constitucional asegurará su permanencia y la protección de este derecho a largo plazo. “Se buscará darle permanencia, duración y la naturaleza de un derecho constitucional”, afirmó Batres.
Actualmente, la Ciudad de México cuenta con casi 500 comedores comunitarios y públicos, los cuales operan con un presupuesto anual de 450 millones de pesos. “Este es uno de los mecanismos más importantes para ejercer el derecho a la alimentación en la Ciudad de México”, subrayó el mandatario.
Esta iniciativa representa un avance crucial en la lucha contra la inseguridad alimentaria y en la promoción del bienestar social en la capital del país. Con la posible aprobación de esta medida, la administración de Batres deja un legado de protección y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables de la Ciudad de México, asegurando que el acceso a una alimentación adecuada sea un derecho inalienable para todos los residentes de la capital.