Informe de la ONU revela persistencia de detención arbitraria en México
Según los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, la práctica de detención arbitraria persiste en México y, con demasiada frecuencia, desencadena malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, a pesar de los avances notables en la lucha por reducirla.
El gobierno mexicano respondió que el informe no refleja adecuadamente el contexto actual. Argumentaron que la política de seguridad del gobierno tiene un nuevo enfoque que busca abordar las causas estructurales de la desigualdad y reconocer los desafíos en la materia. También expresaron su desacuerdo con la apreciación del grupo de trabajo de que las detenciones arbitrarias sean generalizadas en el país.
Los expertos de la ONU concluyeron su visita de dos semanas al país, donde se reunieron con autoridades federales, estatales y sociedad civil, y visitaron 15 lugares de detención. Informaron que el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa persiste y exhortaron al Estado a armonizar su enfoque con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando esta práctica de la Constitución.
Además, abogaron por abolir la figura del arraigo y enfatizaron que la legislación interna no puede utilizarse como excusa para eludir las obligaciones del derecho internacional.
A pesar de reconocer algunas reformas para reducir la detención arbitraria, los expertos enfatizaron que se deben consolidar estos avances. Señalaron que las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y agencias estatales y municipales a menudo están involucradas en detenciones arbitrarias, lo que está relacionado con un aumento de la violencia contra los detenidos, las desapariciones y los homicidios.
Los expertos también destacaron el uso excesivo de la fuerza, la tortura y otros malos tratos para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias. Observaron debilidades en varios aspectos, incluyendo el registro de detenciones, la amplitud de la interpretación del delito en flagrancia y el acceso limitado a asistencia legal efectiva. También mencionaron ataques a la independencia judicial, un enfoque punitivo de la política de drogas y deficiencias en las condiciones de detención.
El gobierno mexicano subrayó la importancia de reflejar adecuadamente la situación del país y se comprometió a seguir trabajando para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Estarán pendientes de las conclusiones finales que se presentarán en septiembre de 2024.