INE ordena baja de seis supervisores por afiliación a partidos políticos
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó la rescisión del contrato de seis personas que habían sido contratadas como supervisores y capacitadores para el proceso electoral judicial, tras comprobarse que estaban afiliadas a partidos políticos. Esta situación vulnera los principios de imparcialidad e independencia que deben regir en el proceso electoral, motivo por el cual se tomaron medidas inmediatas para su remoción.
En la sesión donde se tomó esta decisión, los consejeros que integran la comisión manifestaron su preocupación por la tardanza en la resolución del caso. Señalaron que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE demoró en realizar las diligencias necesarias para analizar las denuncias, lo que retrasó la aplicación de las sanciones. Ante esto, exigieron mayor celeridad en la atención de estas quejas, subrayando la importancia de resolverlas con inmediatez.
“Se dictan medidas cautelares para que estas personas sean dadas de baja y se les impida participar en el desempeño de los cargos electorales”, establecen los acuerdos aprobados por la Comisión.
La consejera Claudia Zavala hizo un llamado enérgico a la Unidad Técnica de lo Contencioso para agilizar sus procedimientos en casos de esta naturaleza. Enfatizó que las quejas relacionadas con la imparcialidad de los funcionarios electorales deben ser atendidas sin dilaciones, pues cualquier retraso afecta la certeza y equidad del proceso electoral.
“Si nosotros desde finales de enero ya teníamos documentales que nos hicieron llegar pruebas de estas personas, de inmediato se tuvo que dictar la tutela cautelar, pero pasó todo febrero y apenas estamos resolviendo”, reprochó Zavala, evidenciando la tardanza en la resolución de la denuncia.
Ante la gravedad del caso, los tres consejeros que integran la Comisión de Quejas y Denuncias —Arturo Castillo, Claudia Zavala y Rita Bell López— hicieron un llamado firme a la dirección encargada de los procedimientos sancionadores. Exigieron mayor rapidez en las diligencias, con el objetivo de garantizar que los principios de imparcialidad y equidad se mantengan intactos en la organización del proceso electoral judicial.
Este caso refleja la vigilancia constante del INE para impedir cualquier injerencia indebida en el proceso electoral. Con estas acciones, se busca reforzar la confianza en la autoridad electoral y garantizar que quienes participan en la organización de los comicios no tengan vínculos partidistas que puedan comprometer su desempeño.
La determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias reafirma el compromiso del INE con la legalidad y la equidad en el proceso electoral, garantizando que los principios democráticos sean respetados y protegidos en cada etapa del camino hacia los comicios.