INE enfrenta obstáculos para garantizar el voto en prisión preventiva
El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra ante desafíos significativos para asegurar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva para las próximas elecciones del 2 de junio. Aunque se tenía previsto implementar esta medida en 218 de los 255 centros penitenciarios operativos en el país, la respuesta de varias entidades federativas ha puesto en riesgo este objetivo.
Veracruz ha rechazado abiertamente la propuesta, sin ofrecer argumentos convincentes, mientras que Yucatán ha declarado estar imposibilitado material y técnicamente para compartir la información necesaria sobre esta población. Además, estados como Coahuila, Jalisco y Zacatecas aún no han proporcionado datos sobre el número de personas en prisión preventiva elegibles para votar, complicando aún más el panorama.
Hasta la fecha, el INE ha logrado firmar convenios de colaboración con 23 de las 32 entidades federativas, pero enfrenta la tarea urgente de superar las barreras impuestas por las autoridades de Veracruz y Yucatán, así como la falta de cooperación de otros estados. La negativa de Veracruz ha sido particularmente preocupante para los consejeros electorales, quienes han enfatizado que se trata de un derecho confirmado recientemente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La consejera Carla Humphrey ha calificado la postura de Veracruz como “muy grave”, instando a una acción decidida por parte del INE para garantizar este derecho fundamental. Por su parte, la consejera Dania Ravel ha subrayado los retos inherentes a la votación en prisión, incluida la alta movilidad de esta población y la dependencia del proceso en la colaboración de las autoridades penitenciarias.
La situación se complica aún más por la variabilidad de las condiciones jurídicas de las personas en prisión preventiva, lo que puede afectar su elegibilidad para votar. La resistencia de ciertas autoridades estatales a facilitar el proceso no solo pone en duda su compromiso con los derechos humanos sino que también levanta sospechas sobre las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios.
Ante este escenario, el INE se ve obligado a explorar rutas jurídicas alternativas para asegurar que los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva sean respetados. Este esfuerzo representa un paso crucial hacia la inclusión y el respeto de los derechos civiles en México, subrayando la importancia de superar las barreras institucionales y burocráticas para garantizar una democracia más participativa y justa.