INE en defensa de la integridad: revisará a más de 3 mil candidatos judiciales
Ciudad de México. – En una determinación que subraya su compromiso con la legalidad, la integridad pública y la erradicación de la violencia en la vida política del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá este miércoles un proyecto de acuerdo trascendental: revisar exhaustivamente el historial de los 3 mil 414 candidatos que participan en el actual proceso de elección judicial, con el fin de constatar que no hayan incurrido en conductas de violencia.
De acuerdo con la propuesta presentada, el objetivo es verificar que ningún candidato tenga sentencia firme por delitos de alto impacto como aquellos cometidos contra la vida y la integridad corporal; violencia familiar o doméstica; violencia política en cualquiera de sus modalidades; delitos sexuales o por ser declarados deudores alimentarios. Esta acción busca proteger no sólo el principio de elegibilidad, sino también la ética pública y la confianza ciudadana en las instituciones.
Este proceso de revisión ha reactivado el debate entre los consejeros del Consejo General del INE. Un bloque, respaldado en la jurisprudencia 11/97 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sostiene que la revisión de la elegibilidad debe aplicarse no sólo al momento del registro de candidaturas, sino también durante la calificación de la elección. Esto permitiría, en caso necesario, tomar decisiones con base en nuevas evidencias incluso antes de la asignación de cargos.
El proyecto contempla la habilitación de canales de denuncia —tanto electrónicos como presenciales— para recibir información de la ciudadanía sobre posibles casos de ineligibilidad, con fecha límite al 12 de mayo. Además, los candidatos deberán presentar una declaración bajo protesta de decir verdad en la que afirmen no estar sujetos a ninguna de las restricciones legales mencionadas.
Para ello, el INE activará su red de especialistas, que será complementada con mecanismos abiertos de denuncia ciudadana, permitiendo que cualquier caso sospechoso pueda ser evaluado antes de la jornada electoral. El diagnóstico de estos casos se entregará tres días antes de la elección, garantizando que los resultados de la investigación sean considerados en la etapa de asignación de cargos.
No obstante, la propuesta no ha sido unánime. Un sector del Consejo, encabezado por la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, ha expresado que la verificación de estos requisitos compete al TEPJF, en la fase posterior a los cómputos, lo que ha generado una legítima discusión sobre los límites y alcances de cada instancia electoral.
Este ejercicio de revisión responde al llamado ciudadano por contar con servidores públicos libres de antecedentes de violencia, especialmente en un país que avanza hacia una democracia más igualitaria y justa. El INE reafirma así su papel como garante de un proceso electoral íntegro, donde las y los candidatos sean verdaderos representantes de los valores que exige la sociedad mexicana.
Con esta iniciativa, el instituto no sólo fortalece la transparencia del proceso judicial electoral, sino que también envía un mensaje claro: no hay espacio para la violencia ni para quienes han atentado contra la dignidad humana en la vida pública del país.