INE Defiende Legalidad en Designación de Funcionarios
En un acto de firme defensa de la legalidad y el respeto a las instituciones democráticas, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, ha reafirmado la solidez jurídica del mecanismo extraordinario para la asignación de funcionarios del instituto. Este pronunciamiento surge en un contexto de debate público y jurídico, anticipándose a la discusión que tendrá lugar la próxima semana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a la impugnación presentada por los partidos Morena, del Trabajo y el PRI.
El mecanismo en cuestión, aprobado el pasado 16 de diciembre por la mayoría del Consejo General del INE, opuesta a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, establece un mandato claro y concreto: en un plazo máximo de un mes, se deben proponer a los titulares de diversas áreas del instituto que actualmente son dirigidas por encargados de despacho, incluyendo la crucial Secretaría Ejecutiva. Este proceso, según Ravel, no solo es acorde con la ley, sino que refleja un ejercicio responsable de las facultades conferidas a la consejera presidenta y a los consejeros del INE, garantizando así una supervisión efectiva y la integración adecuada de todas las áreas del organismo.
La consejera Ravel, en declaraciones dadas tras asistir a una sesión pública del tribunal, ha expresado su confianza en que la Sala Superior evaluará con justicia y rigor la legalidad y constitucionalidad de las decisiones tomadas por el INE. Su convicción radica en la creencia de que el acuerdo impugnado no solo está apegado a derecho, sino que promueve el correcto ejercicio de las funciones administrativas y de supervisión del instituto.
La discusión en el INE sobre este acuerdo no estuvo exenta de controversia. A pesar de que partidos como Morena, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, PVEM y PRI mostraron su inconformidad, solo los tres primeros decidieron llevar el asunto ante el tribunal. Entre los argumentos presentados en los recursos de impugnación, destaca la preocupación de Morena por el plazo de 30 días impuesto, considerándolo una limitante a las atribuciones de la Presidencia del Consejo General. Por su parte, el PRI enfatiza en su recurso que el mecanismo extraordinario contraviene principios electorales de legalidad y certeza, calificándolo de arbitrario, ilegal, excesivo y desproporcionado.
Este escenario plantea un debate fundamental sobre el equilibrio de poderes y la autonomía de las instituciones en México. La defensa de la consejera Ravel subraya la importancia de preservar la integridad y la independencia del INE, un pilar en la construcción de una democracia sólida y justa. A medida que el TEPJF se prepara para abordar esta cuestión, los ojos de la nación se centran en el respeto al Estado de Derecho y en la capacidad de las instituciones para operar libremente, sin influencias partidistas ni presiones externas. Con la mirada puesta en el futuro, la resolución de este asunto no solo definirá la dirección administrativa del INE, sino que también será un reflejo del compromiso de México con sus principios democráticos y legales.