Indignación por cambio de medidas cautelares a policías implicados en caso Nochixtlán
Oaxaca, Oax. En un hecho que ha generado indignación y preocupación entre las víctimas de Nochixtlán, la jueza de control Guadalupe Patricia Juárez Hernández ordenó el pasado lunes el cambio de medidas cautelares que benefician a Juan Peralta Alavés y Carlos Guerrero Romero, policías estatal y federal respectivamente, implicados en la muerte de seis civiles y las lesiones de 27 personas durante el operativo fallido del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán.
El fallo permite que los exmandos policiacos enfrenten su proceso en libertad bajo medidas como la firma quincenal en el juzgado y el pago de multas de 20 mil pesos para Peralta Alavés y 10 mil pesos para Guerrero Romero. La jueza argumentó que ambos llevaban más de dos años en prisión preventiva y que los retrasos en el proceso eran por causas ajenas a ellos, calificándolos como “víctimas”. Sin embargo, esta decisión ha sido duramente criticada por los integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic).
Denuncian revictimización y falta de justicia
Familiares de las víctimas mortales y heridos del operativo consideran que los acusados han obstaculizado deliberadamente el proceso judicial mediante la presentación de prórrogas y recursos legales. Santiago Ambrosio, líder del Covic, cuestionó el razonamiento de la jueza al asegurar que el caso “no es complejo”, considerando que lleva más de siete años sin resolución. “Si no es difícil, ¿por qué no ha llegado la justicia a las víctimas?”, expresó.
Además, el comité destacó que el cambio de medidas cautelares no solo representa una falta de sensibilidad hacia las víctimas, sino que también pone en peligro su seguridad. “Estamos hablando de mandos policiacos con experiencia y conexiones que podrían ser usadas para amedrentar a testigos o a los propios denunciantes”, advirtió Ambrosio.
Críticas a las decisiones judiciales
El Covic también cuestionó la falta de transparencia en la determinación de las multas impuestas como parte de las nuevas medidas. “No se explicó cómo se llegaron a esas cifras, lo que representa una grave anomalía en el proceso”, señaló el dirigente del comité. Según las víctimas, esta decisión sienta un precedente negativo para la impartición de justicia en Oaxaca y en el país, mostrando una inclinación a proteger a los responsables en lugar de garantizar la reparación del daño y castigo para los culpables.
La resolución, además, reaviva el debate sobre la actuación de los jueces en casos de alto perfil y la percepción de impunidad en México. Cabe destacar que la jueza Juárez Hernández participó en el movimiento contra la reforma judicial el año pasado, lo que genera suspicacias entre los denunciantes.
Exigen justicia y protección
Las víctimas de Nochixtlán han reiterado su llamado al Poder Judicial para garantizar que el proceso se conduzca con imparcialidad y se respeten sus derechos. Asimismo, han solicitado medidas adicionales para su protección ante el temor de posibles represalias por parte de los acusados.
El caso Nochixtlán sigue siendo un símbolo de la lucha por justicia y verdad en México. Para las familias afectadas, la resolución de este caso no solo implica castigo para los responsables, sino también la recuperación de la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.