Indígenas en Peligro: Autoridades de Chihuahua Incumplen Protección
En un giro preocupante de los acontecimientos, las autoridades del estado de Chihuahua se han visto envueltas en una controversia debido al incumplimiento de un programa de protección destinado a salvaguardar la seguridad y los derechos de los indígenas de la comunidad serrana Coloradas de la Virgen, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo. Esta situación ha llevado a los miembros de esta comunidad a presentar una demanda de amparo indirecto en contra del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como contra las propias autoridades estatales.
La comunidad de Coloradas de la Virgen se encuentra en una situación de alto riesgo debido a las amenazas constantes provenientes tanto del crimen organizado como de talamontes mestizos. Estos eventos preocupantes han llevado a los indígenas a tomar medidas drásticas para garantizar su seguridad y la de sus familias. La demanda de amparo indirecto ha sido promovida por aquellos que han sido desplazados de la Sierra Tarahumara y que han sido reconocidos como víctimas directas del delito, además de desempeñar un papel crucial como defensores de derechos humanos en su comunidad.
En una conferencia de prensa reciente, abogados pertenecientes a la Alianza Sierra Madre AC y al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres informaron acerca de los detalles de esta demanda y de la situación que enfrenta la comunidad indígena. La demanda no solo busca hacer frente al incumplimiento de los acuerdos previamente firmados, sino que también busca la correcta implementación de un plan de protección que garantice elementos fundamentales como el derecho a la vida, la salud y la vivienda.
El conflicto en torno a la protección de la comunidad de Coloradas de la Virgen se ha prolongado durante varios años. En el año 2014, tres miembros de esta comunidad solicitaron protección a las autoridades federales y estatales debido a las amenazas que enfrentaban. Desde entonces, se han llevado a cabo cinco evaluaciones de riesgo con el objetivo de evaluar la peligrosidad de la situación. A pesar de estos esfuerzos, el resultado sigue siendo alarmante: un total de 35 personas, entre indígenas y defensores de derechos humanos, han sido incorporadas al mecanismo de protección. Sin embargo, no todas han recibido el nivel necesario de seguridad.
El punto de inflexión que llevó a esta demanda se remonta a noviembre de 2022, cuando la junta de gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto con las autoridades estatales, se reunieron con los habitantes de Coloradas de la Virgen. En dicha reunión, se acordó un plan de protección que debería haber abordado las preocupaciones urgentes de la comunidad. Sin embargo, ha quedado patente que dicho plan no se ha implementado de manera efectiva ni se ha brindado protección a todas las personas en riesgo.
La falta de acción por parte de las autoridades ha dejado a los 35 indígenas de Coloradas de la Virgen y a los defensores de derechos humanos en una situación sumamente vulnerable. La continua violación sistemática de sus derechos humanos ha sido exacerbada por la inacción del Estado. Además, la falta de un lugar seguro donde puedan vivir dignamente ha contribuido a su revictimización, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad.
Entre las personas que aún no han recibido la protección necesaria se encuentran los familiares de Julián Carrillo Martínez, quien desempeñaba el cargo de comisario de bienes comunales de Coloradas de la Virgen. Trágicamente, Carrillo Martínez fue asesinado el 24 de octubre de 2018, lo que resalta la importancia de brindar seguridad y protección a aquellos que continúan expuestos a peligros similares.
En un contexto más amplio, la lucha de los indígenas de Coloradas de la Virgen no es un caso aislado. En junio de 2022, miembros de esta comunidad, en conjunto con habitantes de otras siete comunidades pertenecientes a los pueblos rarámuri y ódami de los municipios de Guazapares, Bocoyna y Urique, dirigieron su atención al gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta vez, su solicitud estuvo relacionada con los conflictos agrarios que enfrentan con la población mestiza.
Además de estas cuestiones, se ha reportado un incidente alarmante que ilustra aún más la vulnerabilidad de los indígenas en la región. Recientemente, 17 indígenas provenientes de Guadalupe y Calvo fueron rescatados por la policía municipal de Parral. Estas personas fueron encontradas en condiciones precarias, sufriendo de deshidratación severa y habiendo sido llevadas a esa ubicación bajo falsas promesas de empleo. Este incidente refleja las difíciles circunstancias en las que muchas comunidades indígenas se encuentran, donde la explotación y la falta de oportunidades son desafíos cotidianos.
En conclusión, la situación de los indígenas de Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo es un recordatorio urgente de la importancia de garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades vulnerables. El incumplimiento de acuerdos y la falta de implementación de medidas de protección por parte de las autoridades han dejado a estas personas en una posición peligrosa y precaria. Es fundamental que las autoridades a nivel federal, estatal y municipal tomen medidas efectivas para abordar esta situación y brindar el apoyo necesario a estas comunidades en riesgo. El respeto a los derechos humanos y la protección de las comunidades indígenas deben ser prioridades inquebrantables en la búsqueda de un México más justo y equitativo.