INAI impugna falta de quórum en la Suprema Corte

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha presentado una controversia constitucional 280/2023 en contra de la omisión del Senado para nombrar a tres de sus comisionados. Esta situación ha dejado las plazas vacantes, lo que impide al órgano autónomo tomar cualquier decisión para cumplir con sus tareas sustantivas, pues la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el pleno del INAI debe tener un quórum mínimo de cinco de sus integrantes.

Junto con la controversia, el INAI solicitó que se le otorgara la suspensión con el efecto de que se le permitiera sesionar con su pleno incompleto. Sin embargo, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, encargada de estudiar este asunto, negó la petición argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede ordenar medidas cautelares que supongan una violación a la ley.

Es en contra de esta negativa de suspensión que el INAI promovió el recurso de reclamación 229/2023, cuyo análisis ha sido encomendado al ministro Javier Laynez Potisek. En las próximas semanas, Laynez Potisek deberá presentar una propuesta de resolución que se someterá a votación para decidir si se permite o no al INAI sesionar.

Mientras tanto, el pleno del INAI está impedido para sesionar por falta de quórum, y los plazos y términos para la emisión de fallos de los medios de impugnación y procedimientos cuya aprobación sea de la exclusiva competencia de ese órgano se encuentran suspendidos. Un acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aprobado por los comisionados del INAI en marzo, indica que la suspensión de plazos empezó el 10 de abril y estará vigente hasta que esté en condiciones de sesionar válidamente.

El pleno del organismo de transparencia está en fase de inoperancia desde el primero de abril, porque solo cuenta con cuatro comisionados, uno menos de los que exige la ley para que sus sesiones sean válidas. Esto impide al INAI aprobar la imposición de medidas de apremio, sanciones y fallos relacionados con denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia; los procedimientos de verificación, protección de derechos y de imposición de sanciones en materia de protección de datos personales en el sector privado, entre otras.