Impulsa Gobierno reforma histórica para enfrentar desapariciones con una base nacional de identidad
Con la firme convicción de garantizar justicia, verdad y acompañamiento a las víctimas y sus familias, el Gobierno de México enviará al Congreso de la Unión una iniciativa trascendental que busca reformar las leyes General de Población y General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de fortalecer el marco legal y operativo para la búsqueda de personas desaparecidas.
Durante la conferencia presidencial, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, explicó que uno de los pilares de esta reforma es la creación de una plataforma única de personalidad, donde la CURP se convertirá en la fuente exclusiva de identidad de las y los mexicanos, con vigencia desde el nacimiento. Esta medida permitirá contar con una base nacional de identidad confiable, interconectada y útil en todos los ámbitos institucionales y sociales del país.
En un acto de sensibilidad y compromiso con las causas más urgentes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que es inadmisible que, ante la desaparición de una persona, no se cuente con una base nacional de identidad plenamente funcional. “No puede ser que una madre busque a su hijo y no exista una plataforma unificada donde consultar si apareció en algún sitio. Tenemos que avanzar hacia un modelo de identificación único, sólido y accesible para todas las autoridades que realizan tareas de búsqueda”, expresó la mandataria.
El nuevo esquema contempla la creación de una base nacional de carpetas de investigación, que deberá ser alimentada obligatoriamente por las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Con las reformas, será obligatorio iniciar una carpeta de investigación desde el momento mismo en que se reciba una denuncia por desaparición, eliminando la espera de 72 horas que durante años obstaculizó la reacción inmediata.
Además, todas las autoridades que participen en procesos de búsqueda tendrán acceso directo a bases de datos nacionales, como los registros de vacunación, programas sociales, boletos de avión, y cualquier otra fuente oficial o privada que ayude a rastrear el paradero de una persona.
La CURP reforzada, como fuente única de identidad, será obligatoria para trámites y registros tanto públicos como privados, y se implementará de forma gradual. A la par, se establecerá la obligación de actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses, administrado por la FGR, con participación también de entidades privadas que posean información relevante, siempre bajo el respeto a la Ley de Protección de Datos Personales.
Para robustecer aún más este modelo integral de búsqueda, la propuesta contempla fortalecer a las comisiones Nacional y estatales de Búsqueda, así como al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Estas instancias no sólo deberán recabar información, sino también difundirla y compartirla en tiempo real con las autoridades involucradas.
Se creará también el Sistema Nacional de Alertas, y las fiscalías estatales deberán contar con unidades especializadas en investigación, análisis de contexto, búsqueda inmediata, delitos cibernéticos y atención a víctimas, garantizando una respuesta profesional y eficiente en todo el territorio nacional.
Finalmente, la propuesta contempla sanciones ejemplares a funcionarios o instituciones que obstaculicen la búsqueda, al negarse a proporcionar información o mantener datos actualizados. Las multas irán de 1.1 a 2.2 millones de pesos, aplicables a personal de fiscalías, comisiones, cementerios, crematorios y forenses que incumplan sus responsabilidades.
Con estas acciones, el Gobierno de México da un paso histórico hacia un modelo de justicia centrado en las víctimas, con uso de ciencia, tecnología y un profundo sentido de humanidad. La transformación también significa nunca más impunidad ni olvido, sino búsqueda, verdad y reparación con todo el peso de la ley y el respaldo del Estado mexicano.