Impone jueza nuevas restricciones al periodismo en Campeche; se defiende la libertad de expresión

Campeche, Camp. En un hecho sin precedentes que ha encendido las alarmas sobre los límites a la libertad de prensa en México, la jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May dictó nuevas y severas medidas cautelares contra el comunicador Jorge Luis González Valdez y el diario Tribuna, imponiendo censura previa y condicionando el ejercicio del periodismo a la aprobación de un interventor designado por el Tribunal Superior de Justicia del estado.

Esta resolución se da a pesar de que el Tribunal Colegiado del 31 Circuito Judicial había declarado inconstitucionales las restricciones anteriores, como la prohibición de ejercer el periodismo por dos años y la suspensión de la plataforma digital del periódico. Sin embargo, la jueza De Atocha Huitz May, en lugar de respetar plenamente la sentencia, impuso nuevas condiciones que González Valdez ha calificado como “más drásticas y violatorias de mis garantías constitucionales”.

En su resolución, la jueza justificó que estas medidas buscan “salvaguardar los derechos de la víctima”, refiriéndose a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román. Entre las medidas impuestas destaca la intervención judicial directa al medio de comunicación: todo contenido relacionado con la mandataria deberá ser aprobado previamente por un representante del TSJ, quien decidirá qué puede o no publicarse.

Además, González Valdez no podrá emitir comentarios, opiniones ni publicar imágenes relacionadas con la gobernadora. Deberá estar acompañado por un censor oficial en cualquier actividad pública, ya sea una grabación, una conferencia o una entrevista, lo que, en los hechos, constituye un acto de vigilancia constante y control estatal sobre su labor informativa.

Estas restricciones fueron promovidas por el asesor jurídico de Sansores, Miguel Oliver Huchim Ortiz, y respaldadas por la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta. La jueza aseguró que no se trata de limitar la libertad de expresión, sino de proteger la dignidad de la víctima.

No obstante, el comunicador —con más de 40 años de trayectoria periodística— denunció esta decisión como un acto de censura y un atentado directo contra la libertad de expresión. “Es un ataque sistemático contra mi persona. No se había visto en los años recientes una decisión así, que confirma la censura”, sostuvo Jorge Luis González Valdez, de 71 años.

Cabe recordar que en diciembre de 2023, la gobernadora presentó una denuncia contra el periodista y Tribuna por incitación al odio y la violencia, alegando que había sido ofendida por su condición de mujer, edad, forma de vestir y apariencia física.

Además del proceso penal, González Valdez enfrenta una sentencia por daño moral en favor del director de Comunicación Social del estado, Walther Patrón, a quien deberá pagar una indemnización de dos millones de pesos. Para garantizar el pago, la autoridad judicial ha ordenado la subasta pública de la vivienda del periodista.

Este episodio pone sobre la mesa una discusión fundamental sobre el papel de la prensa en un sistema democrático. El Gobierno de México, firme defensor de las libertades civiles y de la pluralidad de voces, ha reiterado que el fortalecimiento del Estado de derecho no debe ir en detrimento de los derechos constitucionales. El respeto al ejercicio libre del periodismo es esencial para consolidar una sociedad más justa, informada y participativa.