Histórico Paro Nacional del PJF: Trabajadores Defienden la Justicia en México

En una histórica muestra de unidad y determinación, los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación (PJF) han anunciado un paro nacional de labores que se extenderá hasta el próximo martes 24 de octubre. La decisión se tomó tras la aprobación de una controvertida reforma en la Cámara de Diputados que obligará a la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que respaldan el funcionamiento del PJF y que concentran alrededor de 15 mil millones de pesos. Esta medida ha generado una ola de protestas en todo el país, con trabajadores del PJF cerrando importantes vialidades y manifestándose en diversas sedes judiciales.

La votación que decidió el paro nacional se llevó a cabo a las afueras del imponente Palacio de Justicia de San Lázaro, donde empleados de diferentes áreas, incluyendo administrativos, actuarios y proyectistas, se congregaron para expresar su rechazo a la reforma impulsada por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados. La aprobación de esta medida legislativa ha desencadenado una crisis en el Poder Judicial de la Federación y ha llevado a los trabajadores a unirse en una lucha por la defensa de sus derechos y la estabilidad de la institución que representan.

Fuentes sindicales han confirmado a La Jornada que el Comité Ejecutivo Nacional y los 67 secretarios seccionales se reunirán en una sesión extraordinaria para analizar y definir la estrategia a seguir ante esta situación. Mientras tanto, en las escalinatas de la sede judicial, los trabajadores han expresado su convicción de que “estar en las calles ya no es lo adecuado”, y se comprometen a colaborar activamente con sus sindicatos en la elaboración de demandas colectivas en contra de la aprobación de la eliminación de los fideicomisos que respaldan al sector judicial.

La protesta de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se ha intensificado en los últimos días, marcando el tercer día consecutivo de manifestaciones en diferentes sedes judiciales. En esta ocasión, los manifestantes han cerrado importantes vialidades como Bucareli y pretenden hacer lo mismo en Paseo de la Reforma, una de las arterias más importantes de la Ciudad de México. Además, la carretera Picacho-Ajusco también ha sido escenario de protestas que han afectado la movilidad en la zona.

Los legisladores de la mayoría morenista, que impulsaron la iniciativa de reforma, argumentaron que los fideicomisos en cuestión, financiados con recursos públicos, han servido para mantener privilegios de los altos funcionarios judiciales. Esta afirmación ha sido objeto de controversia y ha generado un profundo malestar entre los trabajadores del PJF, que consideran que la medida atenta contra la independencia y autonomía del Poder Judicial.

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que prohíbe la creación y operación de fideicomisos, fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la discusión en lo particular en San Lázaro culminó con la aprobación de la desaparición de los fideicomisos que respaldan el funcionamiento del PJF. Esta decisión ha tenido un impacto inmediato en la operación de la institución, ya que al menos 90 juzgados y tribunales han dejado de funcionar, incluyendo los ubicados en Avenida Revolución, la colonia San Ángel y el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, así como las instalaciones conocidas como el Prisma, en la avenida Insurgentes 2065, también en San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón. Es importante destacar que en esta ocasión, no se ha afectado la circulación vial, ya que los trabajadores han priorizado la protesta pacífica.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un pronunciamiento en el que advirtió que la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación podría poner en riesgo los compromisos de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC). En particular, señaló que esta medida afectaría la capacidad del país para cumplir con las disposiciones del T-MEC en materia de justicia laboral, lo cual podría tener repercusiones significativas en el ámbito internacional. Además, el CJF destacó que la extinción de los fideicomisos tendría un impacto directo en la operación diaria de los 918 juzgados y tribunales de México, así como en la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y en los salarios y prestaciones laborales de más de 50 mil servidores públicos que forman parte del Poder Judicial de la Federación.

El Consejo de la Judicatura Federal también hizo hincapié en que esta modificación legal complicaría la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y la aplicación de la reforma constitucional en materia procesal civil y familiar. Asimismo, advirtió que se pondría en riesgo la creación de tribunales laborales, lo que podría tener un impacto negativo en la resolución de conflictos laborales en el país. Es importante destacar que, según el CJF, los fideicomisos en cuestión no se utilizan para cubrir gastos personales de ministros, magistrados y jueces, ni para el mantenimiento de sus propiedades, desmintiendo así las acusaciones de que estos fondos se destinan a privilegios individuales.

La reacción de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la extinción de los fideicomisos ha sido contundente y muestra la preocupación que existe en el seno de la institución. La decisión de ir a un paro nacional de labores refleja su determinación en la defensa de los recursos que consideran esenciales para el funcionamiento adecuado del Poder Judicial y para el cumplimiento de sus responsabilidades en el ámbito de la justicia.