Hacienda niega solicitud de crédito al BID para financiar programas sociales
¡Qué no se dejen engañar!. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó que México haya pedido al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un crédito para financiar programas sociales.
En un comunicado detalló que los programas sociales se han financiado con los recursos provenientes del combate a la corrupción y mediante la eficiencia recaudatoria que ha sido impulsada durante la presente administración.
De esta manera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reiteró que el Gobierno Federal no ha tenido una negociación o solicitud para el financiamiento de programas sociales utilizando a los organismos multilaterales.
“Por el contrario, el Gobierno Federal ha reducido el uso de líneas crediticias por parte de la banca multilateral, ya que el financiamiento neto ha sido 45% menor que las realizadas en los primeros cuatro años de la administración anterior y 80% menor que la realizada durante los primeros cuatro años de la administración 2007-2012”, señaló.
Agregó que el Gobierno de México nunca ha manifestado oficialmente interés en un proyecto crediticio, luego que algunos medios y en redes sociales, circulara la noticia sobre la supuesta solicitud financiera.
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— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 20, 2022
“La principal fuente de financiamiento de México es el programa local y extraordinario proveniente de multilaterales sólo se utiliza cuando existe valor agregado a proyectos específicos”, detalló la dependencia.
La SHCP expresó su sorpresa porque el BID, sin un documento oficial que lo sustente, publique un préstamo del que no tiene documentación alguna, ya que, afirmó, nunca ha existido un programa crediticio con algún multilateral con estos fines.
¿QUÉ DIJO EL BID?
El Banco Interamericano de Desarrollo publicó datos del proyecto de préstamo con folio “ME-L1327”, que está en proceso de “preparación”.
El proyecto dice se buscan recursos para “Establecer las bases para mejorar la calidad del empleo en México mediante una mejor representación laboral; menor costo de la resolución de conflictos laborales; y mayores tasas de cobertura y menores costos de seguridad social”.
El proyecto por 600 millones de dólares no tiene documentos públicos ni se exponen detalles de qué dependencia nacional habría solicitado los recursos.