Hacia una justicia inclusiva: El nuevo Código Nacional reconoce derechos de personas con discapacidad intelectual
El acceso a la justicia para las personas con discapacidad intelectual está avanzando hacia un nuevo horizonte de respeto y reconocimiento de sus derechos gracias al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en junio de 2023. Este código, que deberá implementarse en todas las entidades federativas a más tardar el 1 de abril de 2027, busca erradicar prácticas discriminatorias que, hasta ahora, han obstaculizado el ejercicio pleno de los derechos de este sector de la población.
La jueza Décimo Familiar por Audiencias del Poder Judicial de Chihuahua, Sabela Patricia Asiain Hernández, explicó en entrevista con La Jornada la necesidad de eliminar estereotipos que reducen a las personas con discapacidad intelectual a una posición infantilizada. La práctica común de declararles como incapaces o imponerles tutores, aún cuando son mayores de edad, ha sido un acto recurrente que atenta contra su dignidad y derechos humanos.
El nuevo código establece que las personas con discapacidad intelectual deben ser vistas como sujetos de derecho, es decir, individuos capaces de tomar decisiones y participar en los procesos legales que les conciernen. Esta perspectiva se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México firmó en 2008, la cual reconoce su personalidad jurídica y el derecho a ser escuchados en igualdad de condiciones.
Un cambio de paradigma
La jueza Asiain Hernández enfatizó que este nuevo marco legal exige ajustes razonables en los procedimientos judiciales. En lugar de esperar que las personas con discapacidad se adapten a los procesos tradicionales, es el sistema judicial el que debe adaptarse a sus necesidades. “Los tribunales tenemos la obligación de hacer los ajustes razonables al procedimiento, para que estas personas puedan ejercer sus derechos por sí mismas”, puntualizó.
Este cambio implica dejar atrás la figura del tutor, que tradicionalmente sustituía la voluntad de la persona con discapacidad, y reemplazarla por una nueva figura de personas de apoyo con salvaguardias. Este apoyo puede ser proporcionado por individuos o equipos que asistan a la persona durante los procesos legales, garantizando siempre que su voz sea escuchada y respetada.
Fin de la interdicción
Uno de los avances más significativos del nuevo código es la eliminación del procedimiento de interdicción para mayores de 18 años. Esta figura legal, que declaraba a las personas con discapacidad intelectual como incompetentes, violaba sus derechos fundamentales y su dignidad. La jueza Asiain Hernández destacó que, aunque el artículo décimo noveno transitorio derogó estas disposiciones, aún persisten solicitudes para sentencias de interdicción por parte de abogados, autoridades e incluso familiares.
“Este nuevo modelo de justicia familiar implica desaprender el paradigma del tutor y aprender a potenciar a las personas con discapacidad, reconociendo su capacidad para ser sujetos de derecho”, explicó la jueza. La interdicción, señaló, es anticonstitucional e inconvencional, ya que invisibiliza y deshumaniza a quienes debería proteger.
Justicia con dignidad y respeto
El reto actual es garantizar que jueces, juezas y abogados implementen desde ahora las disposiciones del nuevo código, asegurando que cada persona con discapacidad intelectual sea consultada y escuchada en los juicios. “No debemos equipararlos con niñas, niños o adolescentes; hay que aprender a adaptar los juicios a las personas y no las personas a los juicios”, subrayó Asiain Hernández.
El objetivo es claro: una justicia que respete los derechos humanos y garantice la participación activa de las personas con discapacidad en todos los procesos legales. Es fundamental que la sociedad, las autoridades y los familiares de estas personas comprendan que, aunque existan dificultades de comunicación o autonomía, la libertad de decisión y el derecho a ser escuchado son inalienables.
El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un avance hacia una justicia inclusiva, donde cada persona con discapacidad intelectual sea reconocida como individuo pleno de derechos y dignidad.