Guanajuato Refuerza Supervisión en Centros de Rehabilitación
En el estado de Guanajuato, la problemática en torno a los centros de rehabilitación para adictos, conocidos como anexos, ha alcanzado un punto crítico. Estas instituciones, operando frecuentemente al margen de la ley, se han convertido en escenarios de violencia extrema, incluyendo matanzas que han resultado en la muerte de al menos 60 internos y el secuestro de aproximadamente 27.
La Secretaría de Salud estatal, en un esfuerzo por regular estas instalaciones, ha identificado 311 centros de rehabilitación. De estos, 290 cuentan con un aviso de funcionamiento, dejando a 21 en un estado de incertidumbre legal. Este fenómeno es preocupante, dado que la Ley General de Salud, en su artículo 200 bis, obliga a estos establecimientos a notificar a las autoridades estatales sobre su operación.
En respuesta a esta situación alarmante, la Secretaría de Salud ha suspendido temporalmente la actividad de 14 anexos en diversos municipios, incluyendo Silao, San Francisco del Rincón, y León. Esta medida destaca la importancia de una regulación y supervisión efectiva por parte de las autoridades administrativas, especialmente considerando que la responsabilidad recae en los 46 ayuntamientos del estado para emitir permisos de uso de suelo.
Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía, subraya la gravedad del problema, señalando que algunos anexos han sido utilizados como fachadas por grupos criminales. En Cuerámaro, por ejemplo, se descubrió un centro que albergaba a 36 personas secuestradas, y en Irapuato, se aseguró un anexo donde se encontró droga. Además, estos lugares han servido de refugio para integrantes de bandas delictivas, exacerbando la violencia y el crimen.
La fiscalía ha intervenido en la elaboración de un censo de estos centros tras un multihomicidio en Irapuato que cobró la vida de 27 personas. El objetivo es distinguir entre los centros legalmente constituidos y aquellos que operan de manera irregular. Zamarripa Aguirre aclara que, a pesar de una disminución en incidentes violentos después de 2020, persisten denuncias de otros delitos, incluyendo agresiones sexuales, dentro de estos anexos.
El fiscal reconoce y valora el trabajo de los centros que operan dentro del marco legal, enfocándose en la rehabilitación efectiva de personas con adicciones. Sin embargo, enfatiza la necesidad de una supervisión rigurosa para prevenir crímenes y garantizar que estos lugares no operen fuera de la ley.
Frente a la pregunta sobre si el estado y los municipios deben controlar la operación de estos centros, Zamarripa Aguirre defiende la coexistencia de modalidades privadas reguladas y de instituciones estatales. Rechaza la necesidad de reformas legales, argumentando que la aplicación efectiva de las normas existentes es suficiente para manejar la situación.
El fiscal también señala la relación entre el uso de drogas sintéticas, como el cristal, y la comisión de delitos graves, incluyendo homicidios. Subraya la alta adicción y el grave daño a la salud causado por estas sustancias, identificándolas como un “gran foco rojo” que requiere atención multifactorial.
Esta situación en Guanajuato resalta la complejidad y urgencia de abordar con eficacia la rehabilitación de adictos, no solo como un asunto de salud pública, sino también como un elemento crítico en la lucha contra el crimen y la violencia en el estado.